La gobernadora Katie Hobbs anunció que la operación ha logrado 622 arrestos, incautado 971 libras de drogas y capturado a 10 fugitivos. CORTESIA: @GovernorHobbs
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció los resultados sustanciales de la Operación Guardián del Desierto, una iniciativa estatal multi jurisdiccional contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera.
Desde su inicio en marzo de 2025, la operación ha logrado 622 arrestos, incautado 971 libras de drogas y capturado a 10 fugitivos, según datos oficiales.
La operación, coordinada entre agencias locales, estatales y federales, representa el primer comando unificado a nivel estatal diseñado para desmantelar redes criminales y fortalecer la seguridad comunitaria.
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“Operation Desert Guardian es lo que es posible cuando dejamos de lado la política y trabajamos mano a mano con alguaciles y agencias federales para enfrentar a los cárteles”, declaró la gobernadora Hobbs durante la actualización de resultados en Sierra Vista.
El alguacil del condado de Cochise, Mark Dannels, enfatizó el impacto en la seguridad pública.
“Esto se trata de calidad de vida y de invertir en nuestras comunidades. Arizona cree en el estado de derecho: si cometes delitos aquí, hay consecuencias”.
Por su parte, la fiscal del condado, Lori Zucco, reportó una disminución drástica en casos de contrabando humano: de 406 procesamientos en 2023 a solo 31 en 2025, atribuyendo este éxito a la colaboración interagencial.
La iniciativa se complementa con la Task Force SAFE, un despliegue de la Guardia Nacional en puertos de entrada fronterizos.
En conjunto, ambos esfuerzos han retirado drogas valuadas en 77 millones de dólares e incautado 988 armas ilegales.
La operación se implementa en los cuatro condados fronterizos de Arizona (Yuma, Pima, Santa Cruz y Cochise), donde las agencias coordinan patrullajes, vigilancia e interdicción.
Este esfuerzo bipartidista contrasta con el panorama político nacional, posicionando a Hobbs, una demócrata, en alineación con las políticas de seguridad fronteriza de la administración Trump.
La gobernadora firmó la orden ejecutiva que establece la operación en febrero de 2025, tras dialogar con el gobierno federal y alguaciles locales.
Sin embargo, la operación enfrenta críticas. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cuestionó el enfoque, señalando que los incidentes fronterizos representan “menos del uno por ciento de las llamadas de servicio” y argumentando que la seguridad fronteriza es responsabilidad federal.
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Además, grupos de derechos civiles han expresado preocupación por posibles perfiles raciales en la aplicación de la ley.
La Operación Guardián del Desierto refleja una estrategia de seguridad centrada en inteligencia compartida y cooperación interinstitucional, un modelo que podría influir en políticas fronterizas nacionales en medio de debates sobre narcotráfico y migración.
