El fiscal general adjunto, Todd Blanche, admitió que quedaban “varios cientos de miles” de documentos por procesar sobre el caso Epstein. CORTESIA: The United States Department of Justice / Facebook
Un mes después del plazo legal, el Departamento de Justicia ha liberado menos del 1% de los documentos sobre Jeffrey Epstein; con más de 5 millones de páginas por revisar, el proceso avanza a un ritmo que anticipa una divulgación completa solo tras el fin del actual mandato presidencial, alimentando acusaciones de obstrucción y desilusión entre las víctimas y el Congreso.
La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada con apoyo casi unánime en noviembre, ordenaba la publicación total para el 19 de diciembre de 2025, sin embargo, para esa fecha solo se habían divulgado unas 125,575 páginas, una fracción mínima del total.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, admitió que quedaban “varios cientos de miles” de documentos por procesar, y poco después el Departamento reveló el hallazgo de “más de un millón” de archivos nuevos.
La magnitud del material es abrumadora, pues supera los 300 gigabytes de datos e incluye desde correos electrónicos hasta fotografías y testimonies, una estimación interna elevó la cifra a aproximadamente 5.2 millones de páginas bajo revisión. P
ara esta tarea, el Departamento movilizó a unos 400 abogados que trabajan “las 24 horas”, un esfuerzo que, según cálculos independientes, podría tomar años en completarse si se mantiene el ritmo actual.
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Este retraso ha provocado indignación bipartidista y profundas sospechas; el representante republicano Thomas Massie acusó al Departamento de “incumplir flagrantemente” la ley, mientras el demócrata Ro Khanna denunció una “ocultación selectiva”.
Khanna señaló que faltan documentos clave, como un borrador de acusación de 60 cargos contra Epstein de 2007 y los memorandos de las entrevistas del FBI a las víctimas.
Para una de las sobrevivientes, la publicación parcial fue “una bofetada en la cara”.
La situación representa un giro irónico para el presidente Trump, quien durante su campaña de 2024 prometió liberar los archivos como parte de su retórica contra las élites.
Una vez en el cargo, su administración y la fiscal general Pam Bondi cambiaron de postura, desinflando las expectativas y soltando información de manera gradual.
Este cambio ha fracturado su base política, contribuyendo incluso a la renuncia de la congresista Marjorie Taylor Greene, quien declaró que el manejo del caso “ha destrozado al movimiento MAGA”.
Las teorías conspirativas, antes alentadas por el propio Trump y aliados como Bondi, ahora se vuelven en su contra. Muchos de sus seguidores creen ahora que él es parte del establishment que oculta la verdad.
En redes sociales, Trump ha intentado redirigir el foco, insinuando que el Departamento debería publicar solo nombres de demócratas y “seguir adelante”.
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Frente a la lentitud, el Congreso considera acciones más duras; Khanna y Massie han amenazado con iniciar un proceso de “desacato inherente” contra la fiscal general Bondi.
No obstante, la propia ley carece de mecanismos de penalización claros, lo que limita las opciones de los legisladores para forzar el cumplimiento y mientras, el Departamento insiste en que su prioridad es proteger la identidad de las víctimas durante las necesarias revisiones.
