El gobierno de Donald Trump utiliza el Acta de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) para deportar de manera exprés a miles de inmigrantes. Foto: Cortesía / ICE.gov
En un movimiento que intensifica su agenda antimigratoria, la administración Donald Trump enfrenta demandas y críticas por deportar a más de 200 venezolanos bajo una ley de 1798 y terminar un programa humanitario que benefició a medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los casos, marcados por acusaciones de violaciones al debido proceso y opacidad, reflejan una estrategia que activistas tildan de “criminalización sistemática” de migrantes.
El gobierno utiliza el Acta de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) —diseñado para deportar ciudadanos de países enemigos en guerras declaradas— para enviar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) a cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, el juez federal James Boasberg cuestionó la falta de audiencias y emitió una orden de restricción, aunque dos aviones ya habían despegado.
Testimonios en affidávits revelan coerciones: una mujer venezolana declaró que oficiales presionaron a deportados a firmar confesiones de pertenencia al TdA durante el vuelo. “Amenazaron con consecuencias si no lo hacían”, detalló. Un nicaragüense fue repatriado porque El Salvador solo aceptaba venezolanos, exponiendo fallas logísticas.
La administración invocó el “privilegio de secretos de Estado” para ocultar detalles de los vuelos, argumentando riesgos a la seguridad nacional. “Sin información, no hay justicia”, denunció la ACLU, co-demandante en el caso J.G.G. vs Trump.
Una notable equivocación
El caso de Jerce Reyes Barrios, un futbolista venezolano deportado a El Salvador bajo la acusación de pertenecer a la banda Tren de Aragua (TdA) por un tatuaje y un gesto en redes sociales, ha puesto en evidencia la expansión de tácticas agresivas en la política migratoria de la administración Donald Trump.
Mientras el gobierno invoca leyes centenarias como el Acta de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) de 1798 —usada 12 veces en 200 años— para justificar expulsiones sin el debido proceso, organizaciones denuncian un patrón de criminalización basado en estereotipos y la erosión de vías legales para migrantes vulnerables.
Reyes, de 35 años, ingresó al país mediante la app CBP One —una herramienta implementada bajo el gobierno de Biden para solicitar asilo—, pero fue detenido en marzo de 2024. ICE argumentó que su tatuaje de una corona sobre un balón de fútbol y una foto de hace una década con un gesto de manos eran “símbolos de afiliación al TdA”.
Su familia y abogados niegan los vínculos: “El tatuaje es un homenaje al Real Madrid”, insistió su hermana, Luisa Barrios y tras ser deportado a El Salvador, país sin conexión con su caso, Reyes enfrenta un limbo legal en una prisión de máxima seguridad.
Bajo el AEA, la administración Trump ha deportado a 234 venezolanos desde 2023, un aumento del 200%, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). El 78% no tenía antecedentes penales, según la ACLU, y el 60% fue vinculado a pandillas por tatuajes o publicaciones en redes.
AEA, diseñada para deportar ciudadanos de países enemigos durante guerras declaradas, ha sido reutilizado de manera inédita. “Es un abuso legal”, señaló Andrea Flores, exasesora de Biden en migración. La administración justifica su uso citando “amenazas a la seguridad nacional”, pero expertos señalan que el TdA, aunque peligroso, opera principalmente en Venezuela y no figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
Las deportaciones se realizan bajo secreto: el gobierno invocó el “privilegio de secretos de Estado” para ocultar detalles de vuelos a El Salvador, donde los deportados son recluidos sin acceso a abogados. Testimonios filtrados revelan coerción: “Nos obligaron a firmar confesiones bajo amenazas”, declaró un deportado anónimo en un affidavit.
Fin del parole humanitario
Paralelamente, Trump terminó el programa CHNV, que permitió el ingreso legal de 531,690 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos entre 2023-2024. Estos migrantes, que contaban con patrocinadores y pasaron verificaciones de seguridad, ahora enfrentan la incertidumbre: al expirar su permiso de dos años, caerán en la indocumentación.
Según el Migration Policy Institute, solo el 15% podría ajustar su estatus mediante leyes como la Cuban Adjustment Act o el TPS (Estatus de Protección Temporal), que para venezolanos expira en marzo de 2025. Doris Meissner, directora del MPI, advierte: “300,000 personas perderán protección, y sin ella, serán deportables”.
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El giro ha generado críticas por hipocresía. Mientras figuras como Marco Rubio y Stephen Miller condenaron el uso de servidores privados por Hillary Clinton en 2016, ahora defienden discusiones clasificadas en Signal. “Es una doble vara: persiguen a migrantes por errores menores, pero ignoran filtraciones graves de su propio gobierno”, denunció María González, analista del Cato Institute.
La administración Trump también enfrenta demandas. El American Immigration Council interpuso una acción legal argumentando que el AEA no aplica fuera de guerras declaradas. Mientras, el 68% de votantes en estados clave desaprueba el manejo migratorio de Trump, según una encuesta de NBC/Telemundo.
