En estas fotos de 2022, dos personas armadas vigilaban un buzón electoral en Mesa y varios votantes de Arizona presentaron denuncias de intimidación, alegando que los les tomaban fotos y los confrontaban cuando iban a dejar sus boletas. CORTESIA: Maricopa Conty Election Office
Juez de Maricopa dictamina que las reglas de Arizona son “demasiado amplias”
Un juez del condado de Maricopa ha dictaminado que las reglas de Arizona destinadas a prevenir la intimidación y el acoso de votantes cerca de los lugares de votación y buzones son demasiado amplias y violan los derechos de libertad de expresión.
Las reglas, algunas de las cuales han estado en vigor durante años, prohíben seguir, fotografiar, grabar en video o gritar a los votantes fuera de los lugares de votación o buzones, entre otras actividades que el Secretario de Estado, Adrián Fontes, había declarado intimidatorias.
Pero la orden judicial del martes de la jueza Jennifer Ryan-Touhill del Tribunal Superior del Condado de Maricopa prohíbe temporalmente a los funcionarios de Arizona hacer cumplir estas reglas hasta que el tribunal pueda emitir un fallo final.
Esta decisión llega apenas dos meses antes de que comience la votación anticipada para las elecciones presidenciales, y mientras grupos republicanos prometen vigilar las urnas. El Comité Nacional Republicano, por ejemplo, lanzó una gira “Protege el Voto” en junio para reclutar observadores de urnas, trabajadores electorales y abogados para “asegurar que sea fácil votar y difícil hacer trampa.”
La oficina de Fontes anunció que apelará la orden. “Aunque respetamos la decisión del tribunal de detener ciertas restricciones de discurso, implementar una orden preliminar para las elecciones generales sería demasiado amplio”, dijo en un comunicado.
Ryan-Touhill escribió que el secretario de estado puede restringir ciertas actividades en el área inmediata alrededor de un lugar de votación, como decirle a alguien por quién votar o amenazar a alguien. Sin embargo, muchos de los otros tipos de prohibiciones listadas por Fontes en el nuevo Manual de Procedimientos Electorales, aprobado en diciembre por la gobernadora Katie Hobbs y la fiscal general Kris Mayes, violan los derechos de libertad de expresión, incluso más allá del límite de 75 pies alrededor de un lugar de votación.
“¿Qué, por ejemplo, constituye una persona comunicando sobre fraude electoral de manera acosadora?”, escribió. “¿O, para el caso, ‘colocar’ un cartel de manera intimidatoria? ¿Cómo puede una persona realizar este comportamiento —sea lo que sea que signifique— o evitarlo? ¿Y qué contenido impreso en una camiseta podría ser ofensivo o acosador para uno y no para otro? ¿Qué pasa si la camiseta dice, ‘¡Tengo una bomba y pienso votar!’? ¿Dónde traza la línea el Secretario?”
La ley estatal ya prohíbe que una persona amenace o intimide a otra de manera que le impida votar, escribió Ryan-Touhill. Pero el manual electoral de Fontes define la intimidación y el acoso de una manera que la ley estatal no lo hace, agregó.
La oficina de Fontes aclaró que, incluso con la orden, sigue siendo ilegal hacer campaña, tomar fotos e intimidar a los votantes dentro del límite de 75 pies. Muchas de las reglas contra la intimidación de votantes que la jueza consideró problemáticas, como las relacionadas con gritar a los votantes, ya estaban en el manual de procedimientos electorales del estado antes de la actualización de Fontes. El manual de 2019, por ejemplo, prohibía gritar o confrontar a los votantes de manera intimidatoria mientras iban a votar.
En diciembre, Fontes añadió nuevas reglas en respuesta a grupos conservadores que monitoreaban los buzones durante las elecciones de medio término de 2022 en busca de pruebas de fraude. Más de una docena de votantes presentaron quejas de intimidación, afirmando que los grupos les tomaban fotos y videos y los confrontaban. En un caso, se vieron observadores de buzones con armas y chalecos antibalas.
Mientras se redactaba el manual, la oficina de Fontes también añadió reglas que prohíben tomar fotos y videos de los votantes, hacerse pasar por un oficial de la ley o usar ropa o uniformes destinados a intimidar a los votantes.
Los grupos republicanos presentaron tres demandas separadas. La orden del martes se produjo en un caso presentado por el Arizona Free Enterprise Club, el America First Policy Institute y un residente.
Scot Mussi, presidente y director ejecutivo del Arizona Free Enterprise Club, dijo al juez en una audiencia la semana pasada que las restricciones sobre la actividad fuera de los lugares de votación eran “vagas y ambiguas,” y temía que los trabajadores o voluntarios de la organización fueran procesados por actividades que ellos no consideraban amenazantes, según la orden del juez.
“Si usamos la palabra equivocada en un [folleto], podrían pensar que es amenazante o acosador y daría a un funcionario electoral la capacidad de obligarnos a irnos o podría llevar a otras consecuencias”, dijo Mussi al juez, según su orden.
