El exfiscal general demócrata Terry Goddard y el fiscal republicano del Condado de Maricopa, Richard Romley, están pidiendo a las autoridades que abran una investigación penal sobre los supervisores republicanos del Condado de Cochise que se han negado a certificar los resultados de las elecciones.
En una carta al Fiscal General Mark Brnovich y al Fiscal del Condado de Cochise Brian McIntyre, dijeron que los supervisores Tom Crosby y Peggy Judd deben rendir cuentas por ignorar sin sentido la ley estatal.
Judd, ha defendido la teoría de la conspiración de QAnon y estuvo presente en el Capitolio el 6 de enero.
“Sus votos en contra de la certificación dieron como resultado que la Junta de tres miembros no cumpliera con su deber legal de certificar la elección”, dice la carta.
“No nos complace hacer esta recomendación de enjuiciamiento, pero creemos profundamente que el estado de derecho dicta que los funcionarios públicos deben rendir cuentas cuando se niegan a cumplir con sus obligaciones legales, más aún cuando amenazan con deshacer la administración adecuada y la integridad de las elecciones, privar a miles de votantes y potencialmente incluso alterar los resultados de algunas contiendas”, agregaron.
El condado se negó a certificar los resultados de sus elecciones bajo la falsa creencia de que sus tabuladores no habían sido debidamente certificados; la tercera supervisora, Ann English, votó por continuar con el escrutinio electoral.
Ahora el condado enfrenta una demanda de la Secretaria de Estado Katie Hobbs por no certificar los resultados, lo cual está obligado a hacer según la ley estatal.
Goddard y Romley, Crosby y Judd ahora están en posible violación de tres leyes penales de Arizona.
“Los supervisores Crosby y Judd tenían conocimiento de este deber legal, pero se negaron deliberadamente a cumplir, citando teorías de conspiración desacreditadas y demostrablemente falsas en apoyo de su negativa”, dice la carta, y señala que el dúo probablemente violó una ley estatal que exige que los funcionarios realicen funciones electorales y cometió un delito grave de clase 6.
Goddard y Romley dijeron que los dos republicanos también parecen estar violando las leyes que conllevan delitos menores de clase 3 y clase 2.
“Si tienen cargos válidos y sensatos de que la elección tuvo un problema, puede presentarse y plantearlo, pero no de esta manera. Tienes otras opciones que no involucran una violación de su juramento de cargo”, dijo Goddard.
Goddard dijo que los dos supervisores están violando las leyes que han jurado respetar, un punto firmemente señalado en la carta enviada al AG; si los fiscales hacen la vista gorda, esta no será la última vez que los funcionarios electos infrinjan la ley, escribieron Goddard y Romley.
“Si no logra que los supervisores Crosby y Judd rindan cuentas por sus violaciones de la ley, podría alentar a otros funcionarios públicos a abandonar sus deberes legales en futuras elecciones. Instamos a que sus oficinas usen su autoridad para investigar y, si la evidencia lo justifica, enjuiciar a los supervisores Crosby y Judd por cualquier violación de la ley. La preservación de elecciones libres y justas en nuestro estado depende de ello”, dice la carta.
