Diez personas han sido baleadas por agentes del Departamento de Policía de Phoenix en las primeras ocho semanas. CORTESIA: Phoenix Police Department / Facebook
La ciudad de Phoenix enfrentó una creciente crisis de confianza en su departamento de policía luego de que organizaciones comunitarias condenaron el aumento en los tiroteospoliciales y exigir reformas urgentes en conferencia de prensa en un contexto de profundas preocupaciones sobre el uso de la fuerza y la transparencia policial.
La indignación comunitaria estalló tras reportarse que diez personas han sido baleadas por agentes del Departamento de Policía de Phoenix en las primeras ocho semanas del mandato del nuevo jefe de policía, Matt Giordano, seis de ellas fatalmente.
Este patrón de violencia no es nuevo para Phoenix, una ciudad que durante años mantuvo uno de los departamentos de policía más letales del país.
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El reclamo por una mayor rendición de cuentas se intensificó cuando la alcaldesa Kate Gallego reincorporó mediante un proceso criticado como opaco al ex administrador de la ciudad, Ed Zeurcher, una decisión que según sus críticos dividió al concejo municipal y excluyó a la comunidad.
“Incluso aunque pagaste 3 millones de dólares a una familia, despediste al policía, el policía recuperó su trabajo, y el tiroteo de mi hermano todavía figura como justificado”, declaró Katie Baeza, cuya hermana Ryan Whitaker fue muerta a tiros por la policía.
La familia de Whitaker recibió un acuerdo de 3 millones de dólares por la muerte, un caso que ejemplificaba los costosos arreglos por mala conducta policial que le costaron a la ciudad más de 40 millones de dólares entre 2016 y 2023.
Las demandas comunitarias incluyeron la liberación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales sin editar en un plazo de 72 horas para todos los tiroteos en los que estuvieran involucrados agentes, junto con los nombres de los oficiales.
También solicitaron la aprobación de una “Ley de Derechos de la Familia” para las víctimas de la violencia policial, una congelación permanente de los aumentos al presupuesto policial y la reinversión de esos fondos en vivienda, salud e iniciativas para la juventud, y una total inversión en alternativas al patrullaje tradicional.
Este llamado a alternativas encontró eco en los esfuerzos existentes de la ciudad. Phoenix ya había implementado un piloto del Equipo de Respuesta a Emergencias Psiquiátricas, un modelo de respuesta conjunta que integraba a oficiales de policía con especialistas en salud mental.
Mientras tanto, el departamento de policía enfrenta simultáneamente una crisis de personal, con solo 2,500 de las 3,125 posiciones autorizadas actualmente ocupadas, lo que resultaba en equipos con apenas cuatro o cinco oficiales en áreas donde históricamente había entre diez y doce.
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El contexto de esta crisis se vio agravado por un escrutinio federal reciente y en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump puso fin a su investigación sobre el Departamento de Policía de Phoenix, retirando un informe de 2024 que había encontrado que la policía de Phoenix participaba rutinariamente en prácticas brutales e inconstitucionales.
Para las familias afectadas por la violencia policial, el fin de esta supervisión federal generó escepticismo sobre el compromiso de la ciudad con las reformas autónomas prometidas por la alcaldesa Gallego.
