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Ley de transparencia va al banquillo: Tribunal Supremo evaluará impugnación de Prop. 211

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 El Supremo de Arizona evaluará impugnación en financiamiento de campañas. Foto: Archivo / Prensa Arizona

El Tribunal Supremo de Arizona anunció que examinará puntos clave de una impugnación contra la ley estatal de divulgación de financiamiento de campañas, conocida como la Ley del Derecho a Saber de los Votantes (Proposición 211). Esta normativa, aprobada por un 72% del electorado en 2022, busca combatir el gasto político anónimo o “dinero oscuro” al exigir que se revelen los donantes originales de contribuciones superiores a $5,000 destinadas a campañas.

Los líderes republicanos de la legislatura estatal, el presidente de la Cámara de Representantes, Ben Toma, y el presidente del Senado, Warren Petersen, presentaron una demanda en 2023 para bloquear la implementación de la Prop. 211. Alegan que la ley restringe inconstitucionalmente el poder legislativo al delegar autoridad en la Comisión de Elecciones Limpias para crear reglas que regulen el gasto político.

Un tribunal de primera instancia falló en diciembre de 2023 que los legisladores no habían presentado pruebas suficientes para demostrar que la ley era inconstitucional. Sin embargo, en junio, un tribunal de apelaciones anuló parcialmente esa decisión, concluyendo que una sección de la ley limita inconstitucionalmente la supervisión legislativa. A pesar de esto, el tribunal señaló que dicha sección puede ser eliminada sin invalidar el resto de la ley, permitiendo que las disposiciones de transparencia permanezcan vigentes.

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El tribunal de apelaciones también determinó que los legisladores no tenían legitimidad para impugnar las reglas de la Comisión, ya que estas no impiden que la legislatura apruebe leyes relacionadas. Asimismo, señaló que cualquier limitación al poder legislativo proviene de la Constitución estatal, específicamente de la Ley de Protección al Votante y de una disposición que restringe la supervisión legislativa, en lugar de la autoridad normativa de la Comisión.

Las reglas en cuestión establecen mecanismos cruciales para garantizar el cumplimiento de los requisitos de divulgación. Por ejemplo, permiten que los donantes se opongan a que sus fondos sean usados para campañas, incluso después de un período de notificación de 21 días. También aclaran en qué circunstancias actividades como encuestas y estudios deben ser divulgadas y ofrecen opiniones consultivas que brindan protección legal a quienes las sigan.

Toma y Petersen sostienen que si cualquier parte de la ley es declarada inconstitucional, toda la normativa debería ser anulada, a pesar de que la ley incluye una cláusula de “severabilidad” que especifica lo contrario. Este argumento será uno de los aspectos centrales que el Supremo evaluará.

El caso, Toma v. Fontes, plantea cuestiones fundamentales sobre la supervisión legislativa de las iniciativas votadas por los ciudadanos. Si el tribunal falla a favor de los líderes legislativos, podría invalidar la ley de transparencia en su totalidad. En cambio, una decisión más limitada podría reafirmar el poder de supervisión legislativa sin eliminar los requisitos de divulgación.

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