La propuesta 139 fue aprobada por abrumadora mayoría en la elección de noviembre de 2024, sin embargo han continuado los intentos por derogarla. CORTESIA: Arizona for Abortion Access / Facebook
Un tribunal de Arizona falló a favor de derogar varias restricciones al derecho al aborto, considerándolas inconstitucionales tras la aprobación de la enmienda que protege este derecho; la fiscal general Kris Mayes calificó el fallo como una “gran victoria” para las mujeres, sus familias y los médicos del estado.
La decisión judicial, emitida el pasado fin de semana, representa un hito en el largo proceso legal para alinear las leyes estatales con la voluntad popular expresada en las urnas en 2024.
La Proposición 139, aprobada por los votantes de Arizona en noviembre de 2024, enmendó la constitución estatal para establecer un derecho fundamental al aborto; esta medida surgió como una respuesta directa al cambiante panorama jurídico nacional sobre el tema.
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La enmienda constituyó la base legal para el caso “Isaacson contra el Estado de Arizona”, donde proveedores de salud retaron un conjunto de leyes restrictivas que permanecían vigentes. Entre las normas impugnadas se encontraban requisitos considerados por los demandantes como barreras innecesarias para la atención médica.
“El tribunal ha afirmado lo que siempre hemos sabido: las restricciones al aborto impugnadas en este caso son inconstitucionales”, declaró la fiscal general Mayes en un comunicado oficial.
La máxima representante legal del estado añadió que “los votantes de Arizona hicieron oír su voz cuando aprobaron la Proposición 139, consagrando el derecho fundamental al aborto en nuestra constitución estatal”.
Con este fallo, el poder judicial honra esa decisión popular y sienta un precedente crucial para la autonomía reproductiva en el estado.
La sentencia subraya que las mujeres de Arizona tienen un derecho constitucional a acceder a la atención médica reproductiva que necesitan, sin interferencias gubernamentales innecesarias; además, reafirma que los médicos deben poder ejercer su criterio profesional libremente.
“Continuaremos defendiendo la libertad reproductiva y respaldando la voluntad de los votantes de Arizona”, prometió Mayes, cuya oficina representó al estado en este litigio. El fallo supone un revés para los legisladores que habían defendido la constitucionalidad de las restricciones ahora anuladas.
Este triunfo legal se enmarca en un contexto nacional de intenso debate y fragmentación legislativa sobre el aborto, donde cada estado define su propio marco normativo tras cambios en la jurisprudencia federal.
En Arizona, la batalla judicial continúa, con otras demandas pendientes que buscan aclarar el alcance total de la protección constitucional recién consagrada. Grupos defensores de los derechos reproductivos celebran la decisión como un paso esencial para hacer realidad el acceso garantizado en el papel.
Por otro lado, opositores a la Proposición 139 y a la ampliación del acceso al aborto han expresado su descontento con el fallo, que consideran una invalidación de medidas de protección que ellos consideraban válidas.
El impacto inmediato de la sentencia es la eliminación de obstáculos logísticos y legales para pacientes y proveedores, facilitando un acceso más directo a los procedimientos de aborto dentro de los plazos establecidos por la enmienda constitucional.
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En conclusión, el fallo en “Isaacson contra Arizona” marca un punto de inflexión en la materialización del derecho al aborto en el estado, transformando un principio constitucional en una realidad práctica para la atención médica.
La fiscal general Mayes y las organizaciones demandantes han consolidado, por ahora, una interpretación amplia de los derechos reproductivos frente a intentos de restringirlos mediante regulaciones específicas. El camino futuro dependerá de la evolución de la jurisprudencia y de la respuesta política a este nuevo escenario legal en Arizona.
