Las organizaciones de derechos de los inmigrantes que exigieron protecciones más fuertes emitieron un comunicado conjunto agradeciendo al personal de la ciudad por reunirse con ellas y señalando que el lenguaje final de la CTI. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Consejo Municipal de Phoenix busca documentar acciones federales y proteger derechos civiles, mientras restringen acceso al ICE
El Concejo Municipal de Phoenix votó a favor de la Iniciativa de Transparencia Comunitaria (CTI, por sus siglas en inglés), un marco integral para documentar las actividades de control migratorio federal en la ciudad y evaluar sus impactos en los residentes, los servicios municipales y la economía local.
Entre otros puntos, la iniciativa restringe el uso de propiedades municipales, como parques y centros comunitarios, como áreas de operación para acciones de aplicación civil sin autorización del administrador de la ciudad; la regulación excluye aeropuertos, el Tribunal Municipal y las vías públicas, y expirará en 2029 a menos que se extienda.
La acción responde a las crecientes preocupaciones de vecinos que han expresado temor a reportar delitos, solicitar ayuda o acceder a servicios públicos debido a las operaciones federales.
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La alcaldesa Kate Gallego calificó el comportamiento observado en Minneapolis, Portland, Chicago y la propia Phoenix como “antiamericano” y enfatizó que las medidas aprobadas son pasos importantes para estar preparados ante una posible escalada de actividades de control migratorio federal.
“Hemos escuchado a innumerables residentes que están legítimamente preocupados, incluso intérpretes que apoyaron a nuestras tropas en Afganistán, y estoy orgullosa de las medidas que tomamos hoy para proteger a nuestra comunidad diversa”, declaró.
La concejal Guardado concluyó: “No permitiremos que el miedo se apodere de nuestra ciudad. Defenderemos a nuestros residentes, protegeremos nuestra comunidad y lideraremos con fuerza, responsabilidad y propósito”.
El Consejo también revisó una propuesta de reglamento administrativo que restringiría el uso no autorizado de propiedades municipales como áreas de operación para acciones de aplicación civil.
La norma requeriría autorización del administrador de la ciudad para que agencias federales utilicen parques, centros comunitarios u otros espacios públicos con ese fin, con excepción de aeropuertos, el Tribunal Municipal y las vías públicas.
La Iniciativa de Transparencia Comunitaria no interfiere con la capacidad de las agencias federales para realizar investigaciones legales o responder a emergencias, ni limita las asociaciones de Phoenix con autoridades federales en delitos graves como tráfico de drogas o personas; su propósito es garantizar que cuando la actividad federal afecte la propiedad o los servicios de la ciudad, ocurra de manera coordinada, transparente y legal.
Desde febrero, la ciudad ha realizado numerosas reuniones comunitarias y sesiones de escucha, y la Comisión de Relaciones Humanas ha revisado y aportado comentarios; los residentes expresaron de manera abrumadora la importancia de estos pasos y alentaron la colaboración continua a medida que la CTI evoluciona.
¿Qué más incluye?
La ciudad continuará implementando el marco de la CTI, ampliando recursos y actualizando al público con nueva información, como paneles de datos, materiales traducidos y orientación adicional a medida que avanza la iniciativa.
La iniciativa se diseñó dentro de las restricciones legales de Arizona, donde el estatuto ARS 11-1051(A), derivado de la ley SB1070, prohíbe a las ciudades limitar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
No obstante, la CTI utiliza todas las herramientas permitidas por la ley para aumentar la transparencia, proteger los derechos civiles y responder a las preocupaciones de los residentes.
Entre los componentes clave, la ciudad implementará en los próximos 60 días una plataforma multilingüe de quejas llamada Sivil, administrada por la Oficina de Responsabilidad y Transparencia.
Las denuncias sobre posibles violaciones de derechos civiles serán revisadas por la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Phoenix y, según corresponda, derivadas a la Fiscalía General de Arizona o a la agencia federal competente.
La CTI también establece el seguimiento del tiempo del personal policial, de bomberos y del Programa de Asistencia Comunitaria (CAP) cuando las acciones federales afectan las operaciones municipales.
Se monitorearán los impactos en pequeñas empresas y la economía local, y se lanzará una página web “Conozca sus derechos” con recursos multilingües para residentes, empresas, escuelas y empleados.
La concejal Betty Guardado, quien ayudó a redactar la iniciativa, destacó la urgencia del esfuerzo.
“Cuando las personas tienen miedo de reportar delitos o pedir ayuda, toda nuestra ciudad se vuelve menos segura. Estoy orgullosa de haber ayudado a redactar y desarrollar la Iniciativa de Transparencia Comunitaria porque esto se trata de restaurar la confianza, proteger los derechos civiles y garantizar que nuestra comunidad vuelva a sentirse segura”.
La concejal Laura Pastor subrayó que la ciudad rastreará lo que sucede, mejorará la comunicación con los residentes y garantizará que los empleados sepan cómo responder.
“Deja claro que la propiedad de la ciudad no puede ser utilizada para la aplicación civil federal sin supervisión y autorización”.
La concejal Debra Stark señaló que votó a favor de la CTI y en contra de la apertura de instalaciones de ICE en Phoenix, afirmando que “nuestra vibrante y diversa ciudad da la bienvenida a personas de todos los ámbitos de la vida, y es nuestro deber salvaguardar el bienestar de nuestros vecindarios”.
El concejal Kevin Robinson, quien ha criticado prácticas policiales como el uso de pasamontañas y la falta de capacitación, calificó la CTI como “un compromiso efectivo y legalmente sólido que ayudará a construir confianza entre el público y las fuerzas del orden locales” y añadió que se alinea con su compromiso con una policía justa.
Buscan fondo de defensa
Las organizaciones de derechos de los inmigrantes que exigieron protecciones más fuertes emitieron un comunicado conjunto agradeciendo al personal de la ciudad por reunirse con ellas y señalando que el lenguaje final de la CTI
“Más sólido que lo propuesto inicialmente por el concejo municipal y marca una victoria significativa para las personas que exigieron un proceso de partes interesadas más robusto”.
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Sin embargo, advirtieron que “hay mucho más que debe hacerse para proporcionar seguridad real a los residentes de Phoenix”.
Las organizaciones reiteraron su demanda de un Fondo de Defensa contra la Deportación con dos millones de dólares del presupuesto municipal, una política de “citar y liberar” para evitar que personas con protección migratoria sean entregadas al ICE
También que los empleados municipales se nieguen a cumplir voluntariamente con el ICE a menos que estén legalmente obligados.
Los puntos clave de la Iniciativa de Transparencia Comunitaria (CTI)
- Plataforma multilingüe de quejas (Sivil) para reportar violaciones de derechos civiles
- Seguimiento de impactos en servicios municipales y economía local
- Recursos comunitarios y campaña “Conozca sus derechos”
- Capacitación obligatoria para empleados municipales
- Restricción del uso de propiedades municipales para operativos federales civiles
- Protección de la confianza comunitaria y cooperación en delitos graves
