Excluir a indocumentados podría generar cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, alterando significativamente el equilibrio de poder congresional. CORTESIA: Freepik
La controversial iniciativa presidencial busca mejorar sus números en el Congreso
El presidente Donald Trump anunció este jueves mediante una publicación en Truth Social que ha ordenado al Departamento de Comercio iniciar “inmediatamente” un nuevo censo excluyendo a inmigrantes indocumentados, utilizando datos de las elecciones presidenciales de 2024 como base metodológica.
Esta directiva busca alterar el proceso de redistritación al eliminar del conteo a residentes sin estatus legal, una medida que contradice prácticas históricas y enfrenta obstáculos constitucionales.
“Personas que están en nuestro país ilegalmente no serán contadas en el censo”, declaró Trump, añadiendo que el proceso se basaría en “hechos y cifras actuales”.
La iniciativa revive su intento fallido de 2020, cuando la Corte Suprema bloqueó propuestas similares al considerarlas prematuras y contrarias al principio constitucional de representación equitativa.
El desarrollo ocurre mientras Texas, respaldado por líderes republicanos, evalúa redistritaciones anticipadas basadas en datos poblacionales actualizados.
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Según análisis políticos, excluir a indocumentados podría generar cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, alterando significativamente el equilibrio de poder congresional.
Esta maniobra afectaría especialmente a estados con alta población inmigrante como California, Florida y Arizona, reduciendo su representación en el Congreso y el Colegio Electoral.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó públicamente la exclusión el 1 de agosto, calificando de “incorrecto e inconstitucional” incluir a indocumentados en el censo.
Juristas destacan que la Enmienda 14 establece que la distribución de escaños debe basarse en “el número total de personas” en cada estado, sin distinción de estatus migratorio.
Jeffrey Wice, profesor de Derecho en la Universidad de Hofstra, recordó que “el Congreso debatió en la década de 1860 si contar solo a ciudadanos, y decidió que la redistritación se basaría en todas las personas, independientemente de su estatus”.
La implementación enfrenta múltiples desafíos, comenzando por la jurisprudencia reciente: en junio de 2025, la Corte Suprema mantuvo bloqueos contra políticas que vulneran derechos constitucionales fundamentales.
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Además, el Departamento de Comercio carece de mecanismos confiables para identificar el estatus migratorio en conteos poblacionales, según expertos en demografía. Finalmente, cualquier cambio requeriría aprobación del Congreso y superar litigios que podrían extenderse hasta 2026.
El Departamento de Justicia aún no ha detallado cómo ejecutará la orden, ni si apelará a la Corte Suprema para revocar precedentes. Mientras grupos de derechos civiles preparan demandas, analistas prevén que esta batalla definirá no solo el mapa político de la próxima década, sino los límites del poder ejecutivo para reinterpretar cláusulas constitucionales históricas.
Como señaló Wice: “La decisión de 1860 sigue vigente: la redistritación se basa en personas, no en ciudadanos”. El desenlace podría establecer un precedente sobre la capacidad de los estados para realizar ajustes de representación fuera del ciclo decenal tradicional.
