Daniel Tocci, de Massachusetts, fue sentenciado a cuatro años de prisión federal por poseer más de 100,000 imágenes y videos de abuso sexual infantil. CORTESIA: Daniel Tocci / Facebook
Algunos detenidos por delitos sexuales y ahora también demandan al gobierno
El indulto masivo que Donald Trump concedió en enero de 2025 a más de 1,500 personas acusadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha sido seguido por una oleada de nuevas detenciones.
El patrón más recurrente entre los reincidentes son los delitos sexuales, especialmente contra menores, que han llevado a varios de estos “patriotas” a enfrentar condenas que van desde prisión federal hasta cadena perpetua.
Daniel Tocci, de Massachusetts, fue sentenciado a cuatro años de prisión federal por poseer más de 100,000 imágenes y videos de abuso sexual infantil en su computadora portátil.
Los archivos fueron descubiertos durante la investigación de su participación en el asalto al Capitolio, donde ingresó al edificio a través de una ventana rota.
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Su abogado argumentó que el caso de pornografía infantil debería ser desestimado porque “todas las pruebas provienen de una orden de allanamiento que, según el presidente Trump, nunca debió haberse emitido”.
Andrew Paul Johnson, de Florida, fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de dos menores.
Durante los abusos, ocurridos en 2024 antes de su condena por el asalto al Capitolio, Johnson les dijo a sus víctimas que sería compensado por su indulto y que las incluiría en su testamento para que heredaran el dinero que recibiría como “reparación”.
David Daniel, de Carolina del Norte, enfrenta cargos por producción y posesión de pornografía infantil que involucra a menores de su propia familia.
El juez ordenó su detención preventiva tras escuchar a la madre de una de las víctimas rogar que no fuera liberado.
Andrew Taake, de Texas, fue sentenciado a seis años de prisión por agredir a oficiales con spray de osos en el Capitolio, pero aún enfrenta cargos pendientes de 2016 por solicitar a una menor de 15 años a través de internet.
Kyle Colton, de California, recibió seis años de prisión por recibir videos de abuso sexual infantil; Christopher Moynihan, de Nueva York, se declaró culpable de amenazar de muerte al líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries.
Jonathan Munafo, de Virginia, fue arrestado esta semana por violar las condiciones de libertad condicional en un caso federal de amenazas, luego de haber sido acusado de golpear a un oficial del Capitolio con su propio escudo.
John Banuelos, acusado de disparar al aire durante el asalto, fue arrestado tras ser identificado por un ataque violento contra una mujer ocurrido en 2018.
En total, al menos 33 de los indultados han enfrentado nuevos cargos desde que recibieron el perdón presidencial, según registros judiciales; entre ellos figuran individuos con antecedentes previos de violación, abuso de menores, homicidio involuntario y violencia doméstica que fueron liberados sin revisión individual de sus casos.
Matthew Huttle, quien había abusado físicamente de su hijo de tres años, fue abatido por la policía en un altercado una semana después de recibir el indulto; la defensa de Tocci intentó usar el perdón presidencial como escudo contra los cargos de pornografía infantil, argumentando que la investigación original del 6 de enero —que Trump calificó de “injusticia”— invalidaba cualquier evidencia obtenida en su curso.
El argumento fue retirado antes de la audiencia, pero la Fiscalía dejó claro que los indultos no protegen a quienes cometen delitos graves descubiertos durante esas investigaciones.
Trump, que llamó a estos individuos “rehenes” y “patriotas” al momento de indultarlos, ha planteado además la posibilidad de compensarlos económicamente con fondos de los contribuyentes.
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Hasta ahora, ningún pago se ha materializado, pero la promesa fue utilizada por Andrew Johnson para manipular a sus víctimas infantiles; mientras tanto, varios de los indultados han presentado demandas contra el gobierno federal por supuesto abuso policial durante su arresto, buscando compensación económica.
Los demandantes alegan que los agentes del Capitolio utilizaron fuerza excesiva, los retuvieron en condiciones inhumanas y violaron sus derechos constitucionales durante las detenciones posteriores al asalto; entre las demandas más recientes se encuentran las presentadas por miembros de grupos de extrema derecha que participaron en la irrupción del Capitolio.
Los abogados de estos insurreccionistas argumentan que las fuerzas del orden actuaron con “brutalidad innecesaria” y que sus clientes merecen una indemnización por el tiempo que pasaron en prisión preventiva, a pesar de haber sido indultados por el presidente; la cadena de reincidencias y las demandas revelan una verdad incómoda sobre quiénes fueron realmente los beneficiarios del perdón presidencial.
