“Si estás siendo atacado por alguien que no está identificado como agente del orden ¿Cómo lo sabes?”, cuestionó, añadiendo que los “policías de verdad no usan máscaras”. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Advierte peligrosa combinación de leyes estatales ante la poca identificación de los agentes federales
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, enfrenta severos ataques y la renuncia de su enlace policial tras sugerir que las leyes de defensa propia del estado podrían aplicarse contra agentes federales , sus declaraciones, que calificaron de “receta para un desastre” a los agentes encapuchados sin identificación, han desatado acusaciones de incitar violencia y llamados a su dimisión desde la asociación policial y el liderazgo republicano estatal.
La polémica surgió durante una entrevista en 12News, donde Mayes explicó la ley “Stand Your Ground” de Arizona, que permite el uso de fuerza letal si una persona cree razonablemente que su vida está en peligro, estando en su casa, auto o propiedad.
Mayes argumentó que la combinación de agentes federales “con máscara, con muy poca identificación, o incluso sin identificación, vistiendo ropa simple y máscaras” y residentes armados bajo esta ley era peligrosa.
Cuando el entrevistador Brahm Resnik le preguntó si esto daba permiso para disparar a agentes federales, Mayes negó fomentar la violencia pero insistió en el punto legal clave.
“Si estás siendo atacado por alguien que no está identificado como agente del orden ¿Cómo lo sabes?”, cuestionó, añadiendo que los “policías de verdad no usan máscaras”.
En otra entrevista, matizó que no recomendaría fuerza letal si uno está seguro de que son agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) y se identifican.
La reacción no se hizo esperar y David Harvey, enlace policial de la fiscal, presentó su renuncia, aunque su portavoz no confirmó un vínculo directo con los comentarios; Joe Clure, director de la Asociación Policial de Arizona, calificó las declaraciones de “temerarias” y “peligrosas”.
Clure expresó su conmoción al escuchar “a la más alta representante de la ley en el estado de Arizona básicamente dando un tutorial sobre cómo disparar a agentes de policía”.
Líderes republicanos, como el senador John Kavanagh, exigieron que Mayes se retractara y luego “renunciara en desgracia”; el congresista Abe Hamadeh condenó sus comentarios, describiéndolos como “justificar el asesinato de nuestros agentes de ICE” y “reprensibles”.
La controversia se enmarca en un contexto nacional de tensión, ya que Mayes vinculó sus preocupaciones con el tiroteo mortal de Renee Good en Minneapolis, un incidente entre varios involucrando a agentes federales, esto previo al homicidio de Alex Jeffrey Pretti este fin de semana.
Los críticos señalan que Mayes omite una excepción crucial en la ley, esta no protege el uso de fuerza letal contra “un agente del orden que entra o intenta entrar en una estructura residencial o vehículo ocupado en el desempeño de sus funciones oficiales”.
El senador Kavanagh, ex oficial de policía, argumentó que forzar una puerta no constituye por sí solo una amenaza de fuerza letal que justifique disparar.
Mayes se defiende afirmando que solo estaba explicando hechos legales y responsabilizando al gobierno federal, mientras expresaba preocupación por criminales haciéndose pasar por agentes.
“Estoy sorprendida de que haya republicanos en la legislatura que me critiquen por decir lo que es un hecho en Arizona”, declaró, recordando que fue la legislatura republicana la que aprobó la ley.
La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, optó por no especular sobre casos no ocurridos en Arizona.
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El conflicto trasciende lo legal, tocando la seguridad de los agentes federales pues el Departamento de Seguridad Nacional reportó aumentos drásticos en agresiones contra el personal de ICE.
El candidato republicano Mark Lamb advirtió que, en el clima político actual, sus declaraciones podrían interpretarse como un permiso para la violencia contra agentes federales.
Este incidente destaca la profunda grieta entre autoridades estatales y federales, donde la interpretación de una ley estatal se convierte en un campo de batalla política con implicaciones nacionales para la seguridad y el cumplimiento de la ley.
