Salazar impulsa la Ley Dignidad, propuesta que ofrece estatus legal renovable a indocumentados que cumplan residencia ininterrumpida de cinco años, empleo estable y ausencia de antecedentes penales. CORTESIA: María Elvira Salazar / Facebook
En una ruptura inédita con la línea dura de su partido, la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida) declaró que “las industrias no pueden funcionar sin los migrantes”. Sus palabras, pronunciadas durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros, cuestionaron directamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el impacto económico de las deportaciones masivas.
Salazar detalló el daño concreto: “Estamos perdiendo a miles de trabajadores en construcción, hostelería y agricultura”. Powell coincidió en que el crecimiento económico se desacelera, vinculando este fenómeno a la reducción de mano de obra migrante. El intercambio, difundido en redes sociales, expone una contradicción crítica: políticas promovidas por el gobierno republicano perjudican sectores que dependen en un 24% de trabajadores extranjeros.
Frente a esta crisis, Salazar impulsa la Ley Dignidad, propuesta que busca equilibrar seguridad fronteriza con realismo económico. El proyecto ofrece estatus legal renovable a indocumentados que cumplan tres condiciones: residencia ininterrumpida de cinco años, empleo estable y ausencia de antecedentes penales. A cambio, exige el pago de una “reparación” y acatamiento de leyes federales.
Para quienes aspiran a residencia permanente, crea el programa “Redención”: requiere dominio del inglés, educación cívica y contribuciones económicas adicionales. Paralelamente, la iniciativa propone tecnología de vigilancia en fronteras y contratación de 10,000 agentes adicionales, intentando conciliar posturas antagónicas dentro del Congreso.
La postura de Salazar refleja su biografía. Hija de cubanos que huyeron del castrismo, nació en La Pequeña Habana (Miami) y dominó ambos idiomas desde la infancia. Tras graduarse en Comunicaciones en la Universidad de Miami (1983), obtuvo una maestría en Administración Pública en Harvard Kennedy School (1995), institución que formó a líderes como Ban Ki-moon y Lee Kuan Yew.
Este bagaje explica su pragmatismo: mientras sectores republicanos estigmatizan a los migrantes, ella recalca que el 73% de los trabajadores agrícolas en Florida son extranjeros. “Sin ellos, cultivos se pudren y hoteles cierran alas”, afirmó en una reciente visita a viñedos de Tampa.
El respaldo tácito de Powell a sus argumentos añade peso técnico a la controversia. Según datos no desmentidos por la Fed, estados con deportaciones agresivas como Texas y Arizona registran alzas del 15% en costos laborales en construcción y hostelería. Esto frena inversiones y presiona la inflación, contradiciendo los objetivos económicos del gobierno.
Expertos independientes corroboran el diagnóstico: un estudio del American Enterprise Institute citado por Salazar señala que inmigrantes fundan el 25% de nuevas empresas en el, país y representan el 18% de la fuerza laboral nacional.
La iniciativa de Salazar enfrenta resistencia interna. Sectores alineados con Trump tildan la Ley Dignidad de “amnistía encubierta”, mientras gobernadores como Greg Abbott (Texas) intensifican controles fronterizos. No obstante, empresarios agrícolas y turísticos republicanos presionan para su discusión, especialmente en estados clave como Florida y Ohio.
