Los legisladores republicanos piden a la Gobernadora que firme reformas sociales y evitar al estado de Arizona sanciones millonarias por el programa SNAP. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El Capitolio estatal fue escenario de un nuevo capítulo en la confrontación entre la gobernadora Katie Hobbs y la mayoría republicana; los líderes legislativos presentaron un ultimátum claro: firmar el paquete de reformas conocido como “One Big Beautiful Implementation” o enfrentar consecuencias financieras devastadoras para Arizona.
El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Michael Carbone, encabezó la advertencia señalando que la inacción ante los estándares federales expondría al estado a sanciones superiores a los 200 millones de dólares anuales en el programa SNAP, además de poner en riesgo fondos críticos para el Programa de Transformación de Salud Rural.
La legislación, aprobada por ambas cámaras, busca alinear a Arizona con los nuevos requisitos federales que endurecen la verificación de elegibilidad para Medicaid y SNAP, combatiendo pagos indebidos que han mantenido al estado con una tasa de error superior al 8%, muy por encima del 6% que H.R. 1 establece como límite para evitar penalizaciones económicas.
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El senador John Kavanagh, líder de la mayoría en el Senado, detalló que las nuevas reglas eliminarán exenciones que durante años permitieron a adultos sin dependientes acceder al programa sin cumplir requisitos laborales, una medida que podría desafectar a aproximadamente 150 mil arizonenses.
La conferencia también sirvió para impulsar la agenda de transparencia en contrataciones estatales, con el presidente del Senado Warren Petersen presentando la SB 1186 como respuesta directa a los escándalos que han sacudido a la administración Hobbs.
“Cuando miles de millones en fondos públicos están en juego, las reglas deben ser claras, consistentes y centradas en ofrecer el mejor valor para las familias de Arizona”, declaró Petersen
El senador hizo alusión al caso de Sunshine Residential Homes, el proveedor de hogares grupales que recibió un aumento del 30% en sus tarifas después de realizar donaciones políticas que superaron los 400 mil dólares a entidades vinculadas a la gobernadora.
El presidente pro tempore T.J. Shope enfatizó la diferencia fundamental entre la propuesta republicana y la respuesta de Hobbs: “Su plan se enfoca en liberar información después de que los contratos ya están adjudicados, nuestro proyecto exige transparencia antes de que se tomen las decisiones, cuando realmente importa”.
La SB 1186 obliga a las empresas que buscan contratos estatales a revelar cualquier contribución realizada en los últimos cinco años a la gobernadora, sus campañas o entidades que la apoyen políticamente, cerrando el vacío que permitió que las donaciones a comités externos pasaran desapercibidas.
El senador David Farnsworth explicó la lógica detrás de la medida: “La influencia política rara vez se manifiesta como un cheque directo de campaña, a menudo se mueve a través de comités afiliados y organizaciones externas; este proyecto asegura que esas conexiones sean reveladas”.
La propuesta también establece que los contratos vinculados a registros destruidos durante la evaluación puedan ser relicitados, una respuesta directa a las fallas en la agencia AHCCCS, donde un juez administrativo identificó serias irregularidades en la evaluación de propuestas para un contrato multimillonario.
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La disputa se desarrolla en un contexto electoral donde todos los legisladores y la propia Hobbs buscarán la reelección en noviembre; los republicanos buscan capitalizar políticamente los escándalos de contratación mientras la gobernadora intenta presentarse como defensora de los programas sociales.
