El senador Jake Hoffman, presentó una queja ética en contra de la demócrata Analise Ortiz. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Presenta Jake Hoffman queja ética, por denunciar operativos de ICE
La senadora estatal demócrata Analise Ortiz enfrenta una queja ética formal presentada por el senador republicano Jake Hoffman, acusada de “socavar operativos federales de inmigración” al alertar a través de redes sociales sobre la presencia de agentes armados y enmascarados en una escuela de su distrito.
Por cierto, Jake Hoffman aun enfrenta una acusación de la Fiscalía General de Arizona por formar parte de los “falsos electores” que intentaban revertir los resultados de las elecciones 2020.
La denuncia, respaldada por el presidente del Senado Warren Petersen y otros republicanos, exige su expulsión o sanción disciplinaria, argumentando que sus acciones “ponían en riesgo la seguridad de oficiales y ciudadanos”.
Ortiz, representante del Distrito 24, defendió sus publicaciones en Instagram como un acto de “valentía ante el autoritarismo”, afirmando que buscaba advertir a su comunidad sobre operaciones policiales secretas que violan derechos constitucionales.
“El gobierno de Trump está quebrantando la Constitución, y nosotros somos testigos”, declaró, añadiendo que estas tácticas reflejan “los momentos más oscuros de la historia mundial”.
El conflicto ocurre en un escenario nacional donde la administración Trump ha intensificado las políticas migratorias, incluido el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportaciones expeditas, medida cuestionada por jueces federales por violar el debido proceso.
En Arizona, estado fronterizo, estas políticas han generado enfrentamientos recurrentes entre líderes demócratas y republicanos, particularmente sobre la transparencia en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Expertos legales señalan que la queja contra Ortiz podría probar límites a la libertad de expresión de funcionarios electos. El Departamento de Justicia federal ha sido acusado previamente de utilizar investigaciones como represalia política, una práctica que tribunales han calificado como inconstitucional cuando se basa en discurso protegido.
Además, la Cuarta Enmienda protege a ciudadanos de registros e incautaciones irrazonables, un principio que Ortiz alega fue violado durante los operativos.
El Comité de Ética del Senado de Arizona determinará si investiga formalmente a Ortiz.
Mientras republicanos insisten en que “todo oficial merece regresar seguro a casa”, grupos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han respaldado a la senadora, calificando las alertas como “ejercicio legítimo de transparencia en una democracia”.
El resultado podría sentar un precedente sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en estados fronterizos, en medio de una creciente polarización nacional.
Este caso refleja tensiones más amplias documentadas en estudios sobre federalismo: el gobierno federal no puede obligar a estados a ejecutar leyes migratorias federales, según doctrinas anti-imposición de la Décima Enmienda.
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Sin embargo, la administración Trump ha desafiado abiertamente estos límites, incluso mediante órdenes ejecutivas que buscan retener fondos federales a jurisdicciones santuario.
