La Regla de Efectos Discriminatorios de HUD es una herramienta esencial en los intentos del Procurador General de poner fin a las prácticas injustas de vivienda. CORTESIA: Pexels / PhotoMIX Company
La Fiscal General Kris Mayes se ha unido a una coalición de 18 fiscales generales para presentar un escrito amicus curiae, instando a un tribunal federal a rechazar una impugnación a la Regla de Efectos Discriminatorios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).
La industria de seguros para propietarios de viviendas está cuestionando esta regla, que según la Ley de Vivienda Justa, establece que las aseguradoras y otras partes son responsables de prácticas de vivienda que pueden parecer neutrales pero que en realidad resultan discriminatorias y tienen un “impacto dispar” en ciertas poblaciones.
“Ahora más que nunca, es vital que rechacemos cualquier práctica discriminatoria en materia de vivienda. Ya sean prestamistas, aseguradoras o esquemas de fijación de precios, no hay excusa ni lugar para estas prácticas injustas en Arizona o en toda nuestra nación”, afirmó la Fiscal General Mayes.
Los tribunales han reconocido desde hace mucho tiempo que la Ley de Vivienda Justa prohíbe prácticas de vivienda que, aunque no son abiertamente discriminatorias, tienen un impacto desigual en las personas por motivos de raza, origen nacional u otras características protegidas. Sin embargo, una asociación comercial que representa a compañías de seguros de propiedad y contra accidentes presentó una demanda para invalidar la Regla de Efectos Discriminatorios de HUD en relación con las aseguradoras de propietarios de viviendas.
Las aseguradoras argumentaron que HUD debería haber otorgado una exención general a la regla y que no hacerlo la hace inválida por múltiples razones, incluso porque muchos estados exigen que las aseguradoras se basen únicamente en factores de mercado al tomar decisiones de suscripción.
La Fiscal General Mayes y la coalición presentaron su escrito ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, argumentando que la responsabilidad por impacto dispar es una herramienta fundamental para combatir la discriminación en materia de vivienda, una causa importante y constante de la segregación residencial generalizada.
La Fiscal General Mayes y los fiscales generales explican que la ley en muchos estados ya impone responsabilidad por impacto dispar a las entidades de la industria de la vivienda, por lo que las aseguradoras se equivocan al invocar la ley estatal como base para la exención solicitada.
Las leyes de vivienda justa de Arizona son sustancialmente similares a las leyes federales que sustentan la Regla de Efectos Discriminatorios de HUD. Los estudios sobre vivienda en Arizona revelan que, incluso ahora, los arizonenses se ven afectados de manera desigual por un legado de prácticas de vivienda discriminatorias, como convenios restrictivos y prácticas crediticias.
La División de Derechos Civiles del Procurador General combate la discriminación en materia de vivienda dondequiera que se encuentre. La Regla de Efectos Discriminatorios de HUD es una herramienta esencial en los intentos del Procurador General de poner fin a las prácticas injustas de vivienda.
Junto a Mayes, Raoul y Schwalb en la presentación del escrito están los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Washington.
