Para los arizonenses, la situación representa una encrucijada: pagar más por su cobertura o arriesgarse a quedarse sin ella, mientras las autoridades buscan soluciones a corto y largo plazo. CORTESIA: Freepik
Miles de arizonenses se enfrentan a aumentos sin precedentes en las primas de seguros de salud para 2026, con propuestas que oscilan entre el 2.5% y 55.3% para planes bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).
Este escenario, impulsado por el alza en costos médicos, la posible expiración de créditos fiscales federales y la volatilidad del mercado, afectaría a aproximadamente 431,000 inscritos en el estado.
El Departamento de Seguros e Instituciones Financieras de Arizona (DIFI) confirmó que aseguradoras clave como Blue Cross Blue Shield de Arizona (29.88%), Cigna (32.96%), Ambetter (49.0%) y UnitedHealthcare (43.67%) han presentado solicitudes de aumento que superan significativamente el crecimiento histórico del sector.
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Entre los factores clave se destaca el incremento en los costos de atención médica, incluidos hospitalizaciones, servicios médicos y medicamentos especializados.
Aseguradoras como Kaiser Foundation Health Plan citan el uso creciente de fármacos costosos como los GLP-1 (por ejemplo, Ozempic), con aumentos trimestrales de hasta 30% en gastos relacionados.
La consolidación de proveedores y las demandas de mayores reembolsos por parte de hospitales también contribuyen a esta tendencia.
Adicionalmente, la posible expiración de los créditos fiscales federales a fines de 2025 podría generar un aumento promedio del 75% en primas para consumidores subsidiados, creando un círculo vicioso donde los inscritos más saludables abandonarían el mercado, aumentando aún más los costos para quienes permanezcan .
Paralelamente, miles de primeros auxiliares jubilados enfrentan una crisis de cobertura tras el colapso de Thin Blue Line Benefits Association, proveedor que operaba sin licencia en Arizona.
El Departamento de Seguros emitió una orden de cese y desistimiento en julio, luego de detectar que la compañía había recaudado casi $6 millones en primas de 4,700 miembros sin cumplir con sus obligaciones.
Entre los afectados están Sonia y Mark Boirum, oficial de policía jubilado de Phoenix, quienes acumulan deudas médicas de $10,000 después de que la aseguradora dejara de pagar reclamaciones desde diciembre de 2024.
“Tengo miedo, por eso dejé de ir al médico”, declaró Sonia Boirum, reflejando la desesperación de quienes dependían de este seguro .
La Fraternal Order of Police (FOP), que tenía un acuerdo de mercadeo con Thin Blue Line hasta su terminación en julio, enfrenta cuestionamientos por su papel en la promoción del plan.
Larry James, consejero general de la FOP nacional, admitió que “algunos miembros pueden deber mucho dinero”, pero defendió que “como cualquier producto o contrato, no hay garantías”.
Mientras tanto, el director ejecutivo de Thin Blue Line ofrece ahora cobertura similar en Washington y Oregón bajo la empresa MOTU Health, registrada en Texas, lo que ha generado alertas adicionales sobre prácticas fraudulentas .
Frente a este panorama, la DIFI urge a los consumidores a prepararse para el período de inscripción abierta que inicia el 1 de noviembre de 2025, y recomienda comparar planes en Healthcare.gov, verificar redes de proveedores y evaluar costos totales.
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Además, ha abierto un período especial de inscripción de 60 días para los afectados por el colapso de Thin Blue Line, permitiéndoles adquirir nuevos planes a través de Healthcare.gov o asesores independientes.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, investiga posibles violaciones de fraude al consumidor, mientras Ohio también ha presentado demandas contra la empresa .
Esta crisis subraya los riesgos de seguros no regulados y la vulnerabilidad de los consumidores, particularmente en un contexto donde los costos médicos continúan ascendiendo y las políticas federales de salud enfrentan incertidumbre.
