Legisladora Teresa Martínez honró a agentes que rescataron a niño de supuesto tráfico humano en el Condado de Pinal. Foto: Cortesía / Cámara de Representantes
La representante estatal Teresa Martínez honró a dos alguaciles del condado de Pinal por rescatar a un niño de una presunta operación de tráfico humano; este reconocimiento oficial ocurre bajo el nuevo mandato del sheriff Ross Teeple y en medio de profundas tensiones políticas sobre la aplicación de la ley en la frontera.
Los alguaciles Gregory Sanders y Jacob Montoya recibieron una proclamación legislativa en el pleno de la Cámara de Representantes de Arizona; su intervención decisiva durante una parada de tráfico multiagencial en enero permitió recuperar a un niño de ocho años y arrestar a una mujer que admitió ser pagada por transportarlo, según los informes oficiales.
“Estos alguaciles confiaron en su entrenamiento, hicieron las preguntas correctas y se negaron a ignorar lo que no cuadraba”, declaró la representante Martínez durante la ceremonia.
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“Debido a su profesionalismo y valentía, un niño fue removido del peligro y protegido”, añadió la legisladora, elogiando el trabajo diario del departamento para mantener seguras a las comunidades.
El niño, quien no pudo identificar a la mujer que lo transportaba y parecía haber sido aleccionado en sus respuestas, fue separado de la sospechosa de inmediato; los agentes confirmaron que se encontraba ileso y comenzaron los trámites para reunirlo con su familia, mientras que la investigación federal continúa abierta y la sospechosa permanece bajo custodia.
Este acto de reconocimiento se produce durante los primeros meses de gestión del sheriff Ross Teeple, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2025, un veterano de la Marina de los Estados Unidos y ex oficial de correcciones, llega a liderar una oficina con un papel complejo en la seguridad de un condado fronterizo clave.
La ceremonia tuvo lugar en un contexto político y legal marcado por una agria controversia; la oficina del fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, firmó unilateralmente un acuerdo de colaboración 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un pacto que ha generado un intenso debate.
Dicho acuerdo, del modelo denominado “fuerza de tarea”, autoriza a investigadores de la fiscalía a realizar funciones de inmigración, sin embargo, un dictamen legal externo solicitado por la Junta de Supervisores del condado declaró que el pacto era nulo por violar la ley estatal y federal, al no contar con la autorización requerida.
“La Oficina del Fiscal del Condado rechaza esa conclusión”, declaró Miller, manteniendo públicamente que el acuerdo con ICE sigue siendo válido y operativo; esta postura ha enfrentado a las autoridades del condado, llevando a la Junta de Supervisores a autorizar acciones legales para anular el contrato.
Expertos y defensores de derechos civiles señalan que acuerdos 287(g) de este tipo, especialmente los que operan fuera de entornos carcelarios, pueden erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades
Esto puede disuadir a víctimas o testigos de crímenes, como el tráfico humano, de reportar delitos o colaborar con investigaciones.
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Cabe destacar que la Oficina del Sheriff del condado de Pinal, ahora bajo el mando de Teeple, mantiene su propio acuerdo 287(g) separado y renovado con ICE y a diferencia del controvertido pacto de la fiscalía, este se limita específicamente a verificar el estatus migratorio de individuos que ya se encuentran bajo custodia en la cárcel del condado.
La representante Martínez cerró su intervención con un firme respaldo a las fuerzas del orden.
“Arizona continuará apoyando a los hombres y mujeres que enfrentan este mal de frente y protegen a los más vulnerables”; sus palabras buscan elevar la moral en un departamento que opera en un entorno legal y social complejo.
