Hay nuevas amenazas de congelamiento de SNAP ante exigencias de los datos de beneficiarios en estados demócratas. CORTESIA: Generada con IA
A inicios de noviembre, familias vulnerables de Arizona enfrentaron la amenaza de perder una ayuda alimentaria crucial cuando la administración del presidente Donald Trump anunció que retendría los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Ahora en una nueva decisión se está afectando a estados que se niegan a compartir datos de beneficiarios, acción que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida como necesaria para “erradicar el fraude” y proteger al contribuyente; la orden federal generó una crisis inmediata y semanas de gran incertidumbre para los gobiernos estatales.
En Arizona, la gobernadora Katie Hobbs y la fiscal general Kris Mayes se opusieron a la solicitud de datos mientras el representante estatal republicano Nick Kupper les envió una carta urgente advirtiendo del riesgo.
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“Las familias que siguen las reglas no deberían estar en riesgo”, declaró Kupper, instando a liberar la información para evitar un desastre.
Este episodio representó una nueva y grave amenaza para la continuidad del SNAP, a pesar de que los tribunales federales ya habían determinado que no se podían retener los fondos.
Veintiún estados con liderazgo demócrata, rechazaron proporcionar los nombres y el estatus migratorio de los beneficiarios; la administración federal argumentó que esto era vital para confirmar la elegibilidad.
Esta postura generó acusaciones de que se utilizaba el programa asistencial como herramienta de presión política en un año electoral.
Sin embargo, la incertidumbre para cientos de miles de arizonenses llegó a su fin gracias a una intervención judicial previa.
Un juez federal de San Francisco había emitido en octubre una orden preliminar que bloqueaba la retención de fondos; esta medida judicial se basó en la falta de justificación para una suspensión tan amplia. La orden representó un revés para los planes de la administración y alivió la presión inmediata.
La resolución judicial siguió un patrón observado en otros intentos de la administración por redirigir o congelar fondos asignados por el Congreso.
Anteriormente, otro juez federal había ordenado levantar el congelamiento de fondos de ayuda exterior; estas decisiones subrayaron los límites del poder ejecutivo y los tribunales se mostraron receptivos a los argumentos sobre el daño irreparable que causaban estas suspensiones.
A pesar del fallo judicial, el debate de fondo sobre la supervisión del programa permaneció sin resolverse. Los partidarios de la verificación de datos insistieron en la necesidad de proteger la integridad del programa y el dinero de los contribuyentes.
Mientras, los críticos denunciaron que los requisitos eran excesivos y buscaban disuadir la solicitud de ayudas. El conflicto evidenció la profunda división en el enfoque de la asistencia social.
Para Arizona, el episodio concluyó con la protección de los beneficios para aproximadamente cuarenta y dos millones de personas a nivel nacional que dependen de esta asistencia.
La intervención judicial evitó una interrupción catastrófica en la cadena de asistencia alimentaria, no obstante, la tensión entre el gobierno estatal y federal persistió, pero el caso dejó en claro la volatilidad de los programas sociales ante los cambios políticos.
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Finalmente, la crisis de noviembre demostró el papel crucial de los tribunales como contrapeso en disputas de alto perfil político, pues mientras el ejecutivo buscaba imponer condiciones mediante la amenaza financiera, el poder judicial restauró el statu quo temporalmente.
Esta dinámica garantizó que la ayuda continuara fluyendo, pero postergó una solución definitiva al conflicto sobre privacidad y supervisión en los programas de asistencia pública.
