Aunque no es una decisión definitiva, por ahora ICE podrá detener y cuestionar personas por su apariencia e idioma, la Corte Suprema revirtió 50 años de jurisprudencia que prohibía parar a personas por etnicidad. CORTESIA: Supreme Court of the United States
En una decisión que ha generado intenso debate sobre derechos civiles y aplicación migratoria, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó el 8 de septiembre de 2025 una orden judicial que prohibía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar paradas basadas en criterios como raza, etnia o uso de lenguas extranjeras.
El fallo, emitido en el caso Noem contra Vásquez Perdomo, permite reanudar patrullas itinerantes en Los Ángeles y fue recibido con una enérgica disidencia de los jueces progresistas, quienes advirtieron sobre riesgos de perfilamiento racial.
La decisión no fue unánime. La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitió un poderoso disenso. En él, condenaron la decisión como un mal uso del calendario de emergencia de la Corte y advirtieron que sienta un precedente peligroso al permitir que las fuerzas del orden detengan a personas basándose en amplios indicadores demográficos.
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La Casa Blanca y el asesor fronterizo Tom Homan defendieron la medida afirmando que “la Corte Suprema ha confirmado el derecho legal de la Administración Trump para interrogar brevemente a individuos sobre su estatus migratorio”.
Subrayaron que el 70% de las detenciones de ICE involucran a migrantes “condenados o acusados de crímenes”, citando datos del Center for Immigration Studies.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles documentan “decenas de casos donde incluso ciudadanos estadounidenses fueron detenidos con exceso de fuerza sin oportunidad siquiera de mostrar identificación”.
El senador Rubén Gallego declaró en sus redes sociales que: “Nuestras comunidades quieren seguridad pública. Pero lo que no quieren es ser discriminados por el color de su piel o el idioma que hablan. Esto es contrario a todos los valores de este país”.
El significado de la decisión
La abogada de inmigración Ayensa Millán, del bufete Cima Law Group, explicó las implicaciones legales: “Esto crea un estándar peligroso donde agentes pueden considerar etnia o idioma como factores para establecer ‘sospecha razonable'”.
Criticó que la decisión reduce protecciones de la Cuarta y Decimocuarta Enmienda, creando “un sistema de dos niveles de derechos donde ciertas comunidades enfrentan mayor escrutinio”.
La letrada se refirió específicamente a la aclaración del magistrado Brett Kavanaugh, quien señaló que la etnia por sí sola no puede crear una sospecha razonable, pero que, bajo el precedente de la Corte, la etnia puede considerarse como un “factor relevante” más dentro de una evaluación de la “totalidad de las circunstancias”.
Millán citó el disenso de la jueza Sonia Sotomayor, quien alertó que esto permitiría detenciones basadas en indicadores demográficos amplios como “personas que parezcan latinas, hablen español y tengan trabajos de salario bajo”.
El abogado y activista Yasser Sánchez amplió la crítica: “La Corte revirtió 50 años de jurisprudencia que prohibía parar a personas por apariencia o etnicidad”.
Advirtió que ahora agentes “pueden detener a personas por tener trabajos socioeconómicos bajos o vender productos en la calle”.
Sánchez, quien participó en disputas legales contra leyes como la SB 1070 en Arizona, calificó la decisión como “una locura y violación constitucional”. Recomendó a la comunidad “portar documentos, guardar silencio ante interrogatorios y consultar abogados especializados”.
“O sea que desde este momento el presidente Trump y sus agentes enmascarados seguir violando las leyes; pueden seguir agarrando a la gente simplemente porque tiene un trabajo de un nivel bajo en cuanto a nivel socioeconómico. Yo nunca pensé cuando le ganamos a la SB 1070 hace más de 12 años que íbamos a seguir peleando las mismas locuras 13 años”, dijo Yasser Sánchez.
Ambos juristas coincidieron en alertar sobre consecuencias prácticas. Millán destacó que el fallo afectará “desproporcionadamente a comunidades latinas”, mientras Sánchez instó a reconsiderar celebraciones públicas como “El Grito” de Independencia.
“Tristemente recomiendo celebrar en casa. Hay riesgo de contacto policial injusto”. La decisión refleja tensiones más amplias sobre aplicación migratoria tras medidas recientes que expanden facultades de ICE, incluyendo redadas en centros laborales y entornos educativos.
El caso regresa a cortes de apelaciones, pero el levantamiento inmediato de restricciones permite operaciones continuadas. Organizaciones como ACLU preparan desafíos legales, mientras la Corte Suprema enfrenta cuestionamientos sobre su uso de procedimientos de emergencia para casos con impacto en derechos fundamentales.
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