La comunidad de Surprise sigue en pie de lucha en contra del centro de detenciones de ICE y la última acción que buscan es disolver el gobierno de la ciudad. CORTESIA: Megan McMahon / Facebook
Un grupo de activistas comunitarios presentó una petición formal ante la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa para disolver la el Ayuntamiento de Surprise, en una medida extrema que responde a la negativa del Concejo Municipal de oponerse a la instalación de un centro de detención migratoria en la localidad.
La iniciativa, liderada por el cabildero progresista Jeremy Helfgot, necesitaría recolectar la firma de dos tercios de los votantes de la ciudad, aproximadamente 70,000, en un plazo de seis meses para prosperar, pero sus impulsores la consideran la única vía para frenar un proyecto que, denuncian, cuenta con la complicidad tácita del gobierno municipal.
“Si los líderes electos y profesionales de la ciudad no pueden o no quieren defender a sus electores, ni siquiera reunirse con ellos para discutir cuestiones críticas de seguridad, quizás esta ciudad no merece tener su propio control independiente”, declaró Helfgot, quien aunque no reside en Surprise ha estado al frente de las protestas contra el almacén.
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Disolver el Ayuntamienti transferiría el poder al gobierno del condado, que los activistas consideran más receptivo a sus demandas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) adquirió en enero un almacén de 418,400 pies cuadrados en este suburbio al noroeste de Phoenix y confirmó que será adaptado para albergar hasta 542 inmigrantes, una cifra reducida desde los 1,500 iniciales tras varios cambios administrativos.
Recientemente se anunció que algunas de estas naves serían re vendidas ante la negativa de las poblaciones, pero aparentemente no es el caso de Surprise.
La empresa de seguridad privada Gardaworld Federal, contratada para gestionar el centro, ya ha publicado ofertas de empleo para personal de tiempo completo, lo que sugiere que los planes siguen adelante pese a las protestas.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda contra la administración Trump en abril argumentando que la ley federal prohíbe convertir el almacén en un centro de detención porque se encuentra frente a una instalación de almacenamiento de productos químicos peligrosos.
Pero el Concejo Municipal de Surprise, cuyos siete miembros son cargos no partidistas, se ha negado a tomar partido.
El alcalde Kevin Sartor ha sostenido que actuar contra las autoridades federales sería una decisión equivocada porque la ciudad carece de base legal para hacerlo, una postura que los manifestantes consideran una abdicación.
Brittany Bishop, una residente que ha liderado las protestas, advirtió que “si permitimos que este centro de detención abra, Surprise será conocida para siempre como la ciudad del almacén humano que retiene a personas contra su voluntad. El alcalde guarda silencio. No le preocupa como a la gente de Surprise”.
Erika Andiola, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, instaló una pequeña jaula frente a las cámaras del Concejo con un maniquí cubierto con una manta térmica para simbolizar a los inmigrantes detenidos.
“Un niño de cinco años tiene que ir a ver a su papá a un centro de detención porque es inmigrante. Ese es exactamente el tipo de historias que veremos en Surprise si el Concejo no se planta ante la administración Trump”, dijo Andiola con la voz quebrada.
Durante la última sesión del Concejo antes del receso de verano, la administradora municipal, Andrea Davis, informó de que el proyecto sigue en fase de planificación y que la ciudad colabora con el representante federal Paul Gosar y el senador Mark Kelly para crear un sitio web que conecte a los residentes con funcionarios federales.
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Helfgot reconoció que la recolección de firmas será “una cuesta arriba” y que aún no se han asegurado los fondos ni el plan de recolección, pero insistió en que “vale la pena el esfuerzo para proteger a esta comunidad si sus líderes no la protegen”.
La Junta de Supervisores debe aprobar primero el lenguaje de la petición antes de que los activistas puedan comenzar a recabar las firmas.
