La nueva orden del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal concede una “suspensión administrativa inmediata” al fallo del Tribunal de Comercio Internacional que anuló los aranceles por considerar que Trump excedió su autoridad. CORTESIA: Freepik
Montaña rusa jurídica y comercial de la administración Trump
En un giro que encapsula la turbulencia comercial de la era Trump, un tribunal federal de apelaciones reinstauró temporalmente los polémicos aranceles globales del Presidente, horas después de que otro tribunal los declarara ilegales.
La orden del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal concede una “suspensión administrativa inmediata” al fallo del Tribunal de Comercio Internacional que anuló las tasas por considerar que Trump excedió su autoridad al invocar poderes de emergencia económica.
El fallo inicial del Tribunal de Comercio Internacional, respaldado por jueces designados por Reagan, Obama y el propio Trump, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) de 1977 no autoriza imponer aranceles ilimitados.
Según el panel, el Congreso nunca delegó facultades tan amplias al presidente, especialmente para abordar déficits comerciales persistentes por casi 50 años. La decisión tumbaba tasas clave: el 10% global, el 25% a productos de México y Canadá, y el 20% a China, justificadas con una “emergencia” por narcotráfico.
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Minutos después de conocerse el fallo inicial, la portavoz presidencial Karoline Leavitt lanzó un duro alegato: acusó a la justicia de “entorpecer negociaciones sensibles con gobiernos extranjeros” y tachó la decisión de “activismo judicial”.
Stephen Miller, asesor clave de Trump, amplificó el mensaje en redes: “El golpe judicial está fuera de control”. La estrategia fue clara: presionar para una apelación express que congelara la anulación.
Mientras el Tribunal de Apelaciones mantiene vigentes los aranceles hasta mediados de junio, o hasta resuelva el fondo del caso, otra sentencia paralela añade incertidumbre.
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El juez federal Rudolph Contreras falló por separado contra los gravámenes, pero limitó su alcance a dos empresas demandantes y dio 14 días al gobierno para apelar.
Para estados como Arizona, cuya economía depende del comercio con México ($8.000 millones anuales), la pugna legal es vital. La fiscal general Kris Mayes, líder de la demanda multi estatal que originó el fallo inicial ya advirtió: “Los aranceles son un impuesto a familias y empresas que devastaría nuestra economía”.
La Asociación de Manufacturas de Arizona alerta sobre represalias mexicanas contra exportaciones agrícolas, mientras economistas locales prevén inflación en productos electrónicos y autopartes.
La batalla escalará a la Corte Suprema, donde los conservadores dominan 6-3. Analistas recuerdan que el máximo tribunal ya usó la “doctrina de las grandes cuestiones” para frenar políticas de Biden, argumentando que cambios “económicos o políticamente significativos” exigen autorización explícita del Congreso.
Trump, sin embargo, insiste en que su estrategia es inquebrantable: “No puedo garantizar que los precios no suban, pero los aranceles nos harán ricos”, declaró a la prensa, en una rara admisión de costos para consumidores.
Mientras abogados del Departamento de Justicia preparan argumentos, la Casa Blanca explora vías alternativas. Kevin Hassett, asesor económico, mencionó usar la Sección 232 (seguridad nacional) para resucitar tasas si pierden en tribunales.
