Miles de trabajadores de seguridad en aeropuertos (TSA) fueron llevados al extremo por una aparente agenda política que termina hoy 30 de marzo. Foto: Cortesía / The White House
El presidente Donald Trump firmó el domingo una orden ejecutiva para pagar los salarios atrasados de los 50,000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que han trabajado más de cinco semanas sin percibir un centavo debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La medida, que utilizará fondos de la ley “One Big Beautiful Bill” aprobada el año pasado, pone fin a una crisis que pudo resolverse desde el primer día si la política no se hubiera priorizado sobre las personas.
La orden ejecutiva llega después de que el Senado aprobara por unanimidad un proyecto de ley que financiaba a la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero los republicanos de la Cámara de Representantes se negaron a aceptarlo porque excluía fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
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En su lugar, aprobaron una extensión de ocho semanas para todo el DHS, una propuesta que los demócratas calificaron como “muerta al llegar” al Senado.
El congresista Jim Himes (D-CT) calificó la orden ejecutiva como “ilegal” y recordó que “si hay un poder que tiene el Congreso, es el poder del bolsillo”.
Sin embargo, el propio Himes reconoció que los agentes de la TSA “nunca debieron haber sido rehenes” y que el Senado ya tenía un acuerdo listo que los habría pagado hace semanas si la Cámara lo hubiera aceptado.
La crisis ha dejado una estela de consecuencias: más de 400 agentes renunciaron en todo el país, las filas en aeropuertos como Sky Harbor superaron las dos horas durante semanas, y la tasa de ausentismo nacional alcanzó picos del 11.8% el lunes pasado, con terminales como Nueva Orleans registrando un 42.3% de ausencias.
En Phoenix, el 20.3% de los agentes no se presentaron a trabajar, dejando a miles de viajeros varados en plena temporada de vacaciones de primavera.
El zar fronterizo Tom Homan reconoció en CNN que no sabe cuántos agentes volverán a trabajar ahora que recibirán su pago.
“Depende de cuántos agentes de la TSA regresen al trabajo, cuántos hayan renunciado y no tengan planes de regresar”, declaró, mientras confirmó que los cheques comenzarán a entregarse este lunes o martes.
Homan expresó empatía por los trabajadores: “No pueden alimentar a sus familias ni pagar el alquiler. El corazón se te encoge por ellos, sentados allí, trabajando duro sin cobrar, mientras los miembros del Congreso están de vacaciones y siguen cobrando”.
El senador John Kennedy (R-LA) había revelado semanas atrás que él y Ted Cruz diseñaron un plan para poner fin al cierre, que incluía aceptar la oferta demócrata de financiar todo el DHS excepto ICE, y luego aprobar por separado los fondos para la agencia migratoria mediante reconciliación.
“Habría funcionado. Podríamos haber pagado a la TSA al final de la semana. Pero el Presidente dijo que no había acuerdo”, declaró Kennedy, confirmando que la prolongación de la crisis fue una decisión política.
Mientras tanto, los agentes de ICE, que sí cobraron su salario durante todo el cierre, fueron desplegados en 14 aeropuertos para tareas de control de identificación para las que no están entrenados.
En Sky Harbor, fueron vistos sin máscaras y armados junto a las filas de seguridad, repartiendo aguas y dulces a los niños, en lo que más bien parecería una operación de limpieza de imagen, mientras los trabajadores de la TSA seguían sin cobrar.
Steve Bannon, exasesor de Trump, reveló que el despliegue era “un entrenamiento perfecto para el otoño de 2026” para futuros controles de identidad en centros de votación.
La solución siempre estuvo a la mano: el Senado tenía un acuerdo bipartidista listo, los republicanos podían haber aceptado financiar a la TSA por separado, y Trump pudo haber firmado la orden ejecutiva hace cinco semanas.
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Sin embargo, la administración eligió mantener la crisis para presionar a los demócratas con su Ley SAVE de supresión de votantes, y los trabajadores de la TSA pagaron el precio con más de un mes de angustia financiera.
Ahora, con ambos cuerpos legislativos de vacaciones por dos semanas, la única esperanza para los agentes es un decreto que siempre pudo haberse emitido.
