Roman Rascon Jr., de 36 años, recibió 78 meses de prisión tras admitir conspiración para distribuir cocaína. Foto: Cortesía / Google Gemini
Un juez federal impuso una condena de más de seis años de cárcel a un residente de Tucson involucrado en el tráfico de narcóticos. Roman Emilio Rascon Jr., de 36 años, fue sentenciado el pasado 11 de agosto a cumplir 78 meses en una prisión federal, seguidos de cinco años de libertad supervisada.
El juez federal de distrito, Raner C. Collins, dictó la sentencia luego de que Rascon se declarara culpable previamente de los delitos de conspiración para distribuir cocaína y posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico.
De acuerdo con los expedientes judiciales, como parte de esta red de conspiración, Rascon logró distribuir más de seis kilogramos de cocaína en la región. Durante las investigaciones, las autoridades comprobaron que el acusado portaba armas de fuego mientras llevaba a cabo la distribución de la droga.
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Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal de Distrito ordenó un golpe a las finanzas y logística del delincuente. Rascon tuvo que entregar al gobierno los vehículos utilizados en sus actividades ilícitas, así como armas de fuego, municiones y el dinero obtenido como ganancia directa del tráfico de drogas.
Esfuerzo conjunto contra el crimen organizado
El procesamiento de este caso forma parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), una iniciativa establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, denominada “Proteger al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”.
Esta alianza gubernamental está dedicada a eliminar operaciones de cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones transnacionales y redes de tráfico humano que operan tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La HSTF dirige el peso de la ley para investigar y procesar el espectro completo de delitos cometidos por estos grupos, poniendo especial énfasis en la trata de menores y la deportación de criminales violentos.
La investigación en Arizona que culminó con el encarcelamiento de Rascon requirió una colaboración histórica entre múltiples agencias federales.
Entre las que destacan están la Administración de Control de Drogas (DEA), Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Control de Aduanas (ICE), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Patrulla Fronteriza (USBP) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS).
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La acusación formal ante la corte fue liderada por el fiscal federal adjunto David Petermann, adscrito a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, en Tucson.
