La Universidad de Arizona ya rechazó formar parte de él y la ASU ya recibió su propia invitación por parte del gobierno de Trump. CORTESIA: Arizona State University / Facebook
La administración del presidente Donald Trump ha extendido una solicitud formal a la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) para que se adhiera a su “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”, una medida que sigue a una petición idéntica realizada a la Universidad de Arizona (U of A) y que esta última ya ha rechazado de manera explícita.
La carta, dirigida a un grupo selecto de instituciones, propone un intercambio de acceso preferencial a fondos federales a cambio de la adopción de la visión de la Casa Blanca para los campus universitarios, lo que ha desatado un intenso debate sobre la autonomía universitaria.
Frente a esta propuesta, la Universidad de Arizona declinó firmar el pacto, optando en su lugar por enviar una “Declaración de Principios” al Departamento de Educación federal.
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El presidente de la universidad, Suresh Garimella, explicó que “principios como la libertad académica, la financiación de la investigación basada en el mérito y la independencia institucional son fundamentales y deben preservarse”.
Asimismo, enfatizó que la universidad busca “ningún trato preferencial” y cree en su “capacidad para competir por investigaciones financiadas con fondos federales estrictamente por mérito”.
Por su parte, Arizona State University ha adoptado una postura inicial más dialogante, indicando que “ha sido durante mucho tiempo una voz para el cambio en la educación superior” y que, mientras el equipo del presidente Trump busca nuevos enfoques, “ASU ha participado en el diálogo y ha ofrecido ideas sobre cómo hacerlo”.
La universidad no confirmó ni rechazó explícitamente la propuesta en su declaración inicial, dejando abierta la puerta a conversaciones mientras evalúa su posición.
El congresista por Arizona Greg Stanton se ha posicionado firmemente en contra del pacto, enviando una carta a ASU en la que insta a la universidad a rechazar cualquier oferta de la administración Trump.
Stanton calificó el compacto de “intrusión sin precedentes en la educación superior”, que reemplaza la libertad académica con “dictámenes ideológicos y mandatos rígidos”.
Argumentó que estas no son reformas, sino “instrumentos de control político” diseñados para despojar a la educación superior de su independencia y convertirla en un brazo de poder político .
Esta perspectiva crítica es compartida por diversos académicos, y la propia profesora Lucy Ziurys de la Universidad de Arizona tildó la propuesta de “chantaje” durante una reunión del senado académico.
La comunidad académica ha expresado una profunda preocupación, señalando que el condicionamiento de los fondos federales vitales para la investigación y la operación universitaria constituye una táctica de presión inaceptable.
Sin embargo, la iniciativa cuenta con el apoyo de Tom Horne, superintendente de Instrucción Pública de Arizona y miembro de la Junta de Regentes.
Horne declaró: “Desde que asumí el distrito unificado de Tucson en 2008 para terminar con el programa de ‘Estudios Étnicos’ racialmente divisivo, he estado luchando contra los privilegios raciales”.
Afirmó que el pacto federal comparte la meta de juzgar a las personas “por su carácter y mérito, no por el color de su piel”, y expresó su confianza en que la U of A y ASU considerarán estos principios de buena fe.
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Este escenario coloca a las principales universidades de Arizona en una encrucijada institucional, con una oferta federal que promete beneficios financieros pero que exige a cambio una significativa alineación con una agenda política específica.
La Universidad de Arizona ha dejado clara su postura de defensa de la autonomía universitaria, mientras que ASU evalúa su camino a seguir en medio de un creciente debate nacional, que refleja una tensión más amplia entre la autonomía institucional y la formulación de políticas federales en la educación superior.
