En Arizona, programas de AmeriCorps apoyan desde la reforestación postincendios hasta tutorías en escuelas rurales. Su desaparición dejaría a miles sin acceso a servicios básicos. CORTESIA: Americorps / Facebook
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lidera una demanda multinacional contra la administración Trump por desmantelar AmeriCorps, agencia federal de servicio voluntario; la denuncia, respaldada por varios estados, acusa al gobierno de violar la ley al reducir el 85% de la fuerza laboral de la agencia y cancelar subsidios clave.
“Esta acción ilegal perjudica a comunidades que dependen de programas sociales”, declaró Mayes.
El caso se suma a centenares de demandas interpuestas por estados y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra órdenes ejecutivas de Trump, muchas enfocadas en desfinanciar entidades vinculadas a salud, educación y ambiente.
Creado en 1993, AmeriCorps coordina iniciativas que conectan a veteranos con servicios esenciales, combaten la epidemia de opioides y ayudan a adultos mayores, así como educación para jóvenes.
Según Mayes, cada dólar invertido en la agencia genera un retorno económico significativo, pero la administración Trump justifica los recortes bajo su política de “eficiencia gubernamental”.
En febrero, una orden ejecutiva exigió a agencias federales reducir personal y aAmeriCorps colocó en licencia administrativa a la mayoría de sus empleados y notificó despidos efectivos para junio.
Arizona perdió subsidios críticos el 25 de abril, afectando programas locales.
Separación de poderes
La demanda alega que Trump violó la Ley de Procedimientos Administrativos y la separación de poderes al incapacitar una agencia autorizada por el Congreso. “El presidente no puede ignorar mandatos legislativos ni desmantelar entidades creadas por ley”, sostuvo Mayes.
Organizaciones como la ACLU respaldan este enfoque, señalando que múltiples órdenes ejecutivas, desde restricciones migratorias hasta recortes en salud reproductiva han sido bloqueadas por tribunales bajo argumentos constitucionales similares.
Esta no es la primera vez que la administración Trump enfrenta desafíos legales masivos. En marzo, 22 estados demandaron por recortes al Instituto Nacional de Salud, mientras la ACLU impugnó órdenes que criminalizan la ayuda a migrantes indocumentados.
En apenas 100 días de gobierno de Trump, más de 200 demandas buscan frenar políticas federales, muchas centradas en la tensión entre poderes ejecutivo y legislativo.
En Arizona, programas de AmeriCorps apoyan desde la reforestación postincendios hasta tutorías en escuelas rurales. Su desaparición dejaría a miles sin acceso a servicios básicos.
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“Esto no es eficiencia, es caos planeado”, afirmó Mayes, citando proyectos locales que ya enfrentan recortes.
La ACLU añade que las políticas de Trump afectan desproporcionadamente a minorías y zonas rurales, donde AmeriCorps suple carencias estatales.
Si los tribunales fallan a favor de la coalición, la administración Trump podría verse obligada a restablecer fondos y personal. Sin embargo, expertos advierten que el desgaste judicial y la lentitud procesal ya han debilitado programas irreparablemente.
La demanda contra el desmantelamiento de AmeriCorps simboliza una lucha más amplia: la defensa de instituciones que tejen el tejido social estadounidense. En un clima político polarizado, estas batallas legales no solo definen el alcance del poder presidencial, sino el futuro de millones que dependen de redes de solidaridad ahora bajo asedio.
