El caso más emblemático de Letitia James contra Trump resultó en una sentencia de $454 millones todavía pendiente, por inflar fraudulentamente el valor de propiedades para obtener préstamos, multa que él ahora presidente está apelando. CORTESIA: Letitia James / Facebook
Departamento de Justicia cita a Letitia James por casos en contra Trump y la Asociación Nacional del Rifle
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió citaciones a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación sobre presuntas violaciones de derechos civiles del presidente Donald Trump y ejecutivos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Las citaciones, gestionadas por la Fiscalía del Distrito Norte de Nueva York, solicitan registros relacionados con la demanda por fraude civil que James presentó contra Trump y una investigación separada contra la NRA.
La investigación marca una escalada en los esfuerzos de la administración Trump por examinar a figuras que considera adversarios políticos.
James, demócrata, ha demandado en decenas de ocasiones a Trump y su gobierno por políticas presidenciales y prácticas empresariales.
El caso más emblemático resultó en una sentencia de $454 millones contra Trump por inflar fraudulentamente el valor de propiedades para obtener préstamos, multa que él apela argumentando que sus estados financieros “subestimaban su riqueza” y que los errores fueron “inocuos”.
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En paralelo, James demandó a la NRA en 2020 por malversación de fondos, caso que culminó con el hallazgo de responsabilidad contra su exdirector Wayne LaPierre, obligado a devolver $4 millones tras gastar donaciones en artículos de lujo.
Aunque James buscó disolver la organización, un juez determinó que las faltas no merecían una “pena de muerte corporativa”.
La oficina de James no confirmó las citaciones pero emitió un contundente comunicado: “Cualquier instrumentalización del sistema judicial debería perturbar a todos los estadounidenses. Respaldamos firmemente nuestro litigio exitoso contra la Organización Trump y la NRA”.
Su abogado personal, Abbe Lowell, fue más lejos: “Investigar el caso que James ganó contra Trump es el ejemplo más flagrante de represalia política de esta administración. Convertir al Departamento de Justicia en un arma para castigar a una funcionaria electa es un ataque al Estado de derecho y una escalada peligrosa”.
El Departamento de Justicia declinó comentar, según portavoces consultados por múltiples medios.
Patrón contra críticos
Este procedimiento se enmarca en una purga más amplia contra funcionarios vinculados a investigaciones que afectaron a Trump.
Recientemente, el FBI destituyó a Brian Driscoll, exdirector interino que resistió entregar nombres de agentes que indagaron el asalto al Capitolio de 2021 y a Steven Jensen, jefe de la oficina de Washington; ambos fueron forzados a salir sin causa formal declarada.
Simultáneamente, el Departamento avanza una investigación sobre el caso “Trump-Rusia” que ensombreció su primer mandato, y ha reasignado o expulsado a fiscales y agentes involucrados en casos relacionados con el 6 de enero o con el propio presidente.
La ex asistente Maurene Comey forma parte de la lista de fiscales despedidos sin causa alguna; ella fue la encargada de perseguir los casos en contra de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell y es hija de James Comey, ex director del FBI que el propio Trump designó en su primera administración y que también ha vilificado.
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La investigación contra James podría tensionar aún más la relación entre el gobierno federal y fiscales demócratas, pues Trump y sus abogados acusan reiteradamente a James de ejercer “guerra legal” con fines políticos, una afirmación que ella niega.
Mientras, la apelación de la sentencia por fraude civil sigue pendiente en tribunales neoyorquinos, con una deuda que supera los $500 millones incluyendo intereses.
Este movimiento refleja una estrategia más amplia: según The Guardian, el Departamento de Justicia creó recientemente un “grupo de ataque” para indagar acusaciones no sustanciadas contra Barack Obama y sus colaboradores por conspirar contra la campaña de Trump en 2016.
Para críticos de la administración Trump, estas acciones consolidan un patrón donde instituciones jurídicas se utilizan para ajustar cuentas políticas, erosionando su independencia.
