Donald Trump confirma el escalamiento del conflicto con Venezuela al incautar un barco con petróleo. Foto: Cortesía / @jacksonhinklle
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela entra en una fase crítica con la incautación de un petrolero y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, marcando la escalada más peligrosa en años.
El presidente Donald Trump confirmó la acción contra un buque tanque frente a la costa venezolana, afirmando que “acabamos de incautar un petrolero” y que “otras cosas están pasando”.
Esta medida representa un salto cualitativo en una campaña de presión que combina operaciones militares, sanciones económicas y una retórica belicista.
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La incautación del buque “Skipper”, que transportaba crudo venezolano, es la primera acción conocida contra un tanquero desde el inicio de la acumulación militar.
Esta se enmarca dentro de la “Operación Southern Spear”, un despliegue que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores y miles de soldados estadounidenses en la región.
El objetivo declarado por Washington es combatir el narcotráfico, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderar un “narcoterrorismo”, sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada incluso por datos de inteligencia estadounidenses.
Venezuela ha respondido con una denuncia formal ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), acusando a Estados Unidos de buscar “apoderarse de las vastas reservas de petróleo” del país, las más grandes del mundo.
En una carta leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas advirtió que la agresión “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”.
La tensión también se trasladó a los cielos, luego de que Trump declarara el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, provocando la suspensión de vuelos comerciales.
La campaña militar ha incluido más de veinte ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, resultando en más de ochenta muertes.
Expertos legales y legisladores estadounidenses han cuestionado la legalidad de estas acciones, calificándolas de posibles “ejecuciones extrajudiciales” y señalando la falta de pruebas públicas contundentes.
Un comandante naval incluso fue investigado por ordenar un segundo ataque contra supervivientes de una embarcación.
El conflicto tiene profundas raíces económicas pues Estados Unidos ha impuesto un estricto embargo al petróleo venezolano y sanciones secundarias a sus compradores, forzando a Caracas a vender su crudo a China con grandes descuentos.
Aunque la producción ha repuntado ligeramente, superando el millón de barriles diarios, la economía venezolana sigue devastada y analistas como Rory Johnston señalan que la incautación del petrolero “aviva las preocupaciones sobre el suministro” pero no cambia fundamentalmente un mercado donde el crudo venezolano ya opera con enormes dificultades.
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Las consecuencias humanitarias de una escalada mayor podrían ser catastróficas y estudios proyectan que un conflicto militar abierto podría generar entre 1.7 y 4 millones de nuevos refugiados venezolanos, sobrecargando a países vecinos como Colombia y Brasil.
Esta crisis potencial se suma al éxodo de más de 7 millones de venezolanos que ya ha ocurrido, impulsado por la crisis económica y política.
Ante este panorama, la diplomacia parece un camino estrecho pero no cerrado, pues Trump ha afirmado que “Venezuela querría hablar” y que él hablaría “con cualquiera”.
Mientras tanto, Maduro busca el apoyo internacional en foros como la OPEP+ para frenar lo que llama una “agresión” y la comunidad internacional observa con preocupación cómo la dinámica de acciones y reacciones entre Washington y Caracas reduce el espacio para una solución pacífica, acercando a la región a un conflicto de impredecibles consecuencias.
