La SB 1211, promulgada recientemente por la Gobernadora Katie Hobbs cierra vacío legal que permitía a acosadores reincidentes evadir justicia en Arizona. Foto:
La gobernadora Katie Hobbs promulgó la SB 1211, una iniciativa de la senadora Shawnna Bolick que amplía las protecciones existentes bajo la Ley Kayleigh al incluir el acoso agravado como delito grave relacionado con violencia doméstica.
La nueva ley otorga a las víctimas la posibilidad de obtener una orden de protección permanente contra agresores que han demostrado un patrón de conducta dañino, cerrando un vacío legal que dejaba sin cobertura a quienes sufrían acoso repetido.
La ley, que entrará en vigor 90 días después de que termine la sesión legislativa, requiere que los tribunales emitan una orden de restricción de por vida en el momento de la sentencia si la víctima lo solicita.
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El acoso agravado, explicó la senadora Bolick, no es un delito de una sola vez, sino que a menudo involucra a personas que ya han violado órdenes judiciales previas o tienen condenas anteriores por violencia doméstica contra la misma víctima.
“Las víctimas de violencia doméstica merecen una protección duradera, no soluciones temporales”, declaró Bolick.
“La Ley Kayleigh se creó para dar a las víctimas de delitos graves una protección a largo plazo, y esta iniciativa se basa en ese fundamento. El acoso agravado suele ser parte de un patrón repetido de abuso, y estas víctimas merecen el mismo nivel de protección”, agregó.
La senadora explicó que los casos de acoso agravado incluyen contacto repetido a través de llamadas, mensajes o comunicaciones electrónicas que causan miedo continuo, intimidación y angustia emocional.
Hasta ahora, las víctimas en estas situaciones no eran elegibles para las mismas protecciones vitalicias que se concedían en otros casos graves, como los contemplados originalmente en la Ley Kayleigh.
La legislación fue impulsada por los testimonios de organizaciones que trabajan directamente con víctimas, entre ellas Amberly’s Place, un centro sin fines de lucro en Yuma que reúne en un solo lugar a las fuerzas del orden, la atención médica y los defensores de víctimas de violencia doméstica y abuso.
Los líderes de la organización identificaron la necesidad de fortalecer la ley de Arizona después de ver de primera mano cómo las protecciones existentes se quedaban cortas.
“Esta ley pone a las víctimas en primer lugar, responsabiliza a los agresores reincidentes y brinda a los sobrevivientes la tranquilidad que necesitan para reconstruir sus vidas”, añadió Bolick.
La orden de restricción surte efecto inmediatamente en la sentencia y permanece vigente durante toda la vida del agresor, a menos que se apliquen circunstancias limitadas que justifiquen su modificación.
La senadora, quien representa al distrito 2 de Arizona, ha hecho de la protección de las víctimas de violencia doméstica una de sus prioridades legislativas; la SB 1211 fue aprobada con amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras y recibió el respaldo de organizaciones de defensa de derechos de las víctimas en todo el estado.
La Ley Kayleigh, que sirvió de base para esta ampliación, fue promulgada en 2022 para garantizar órdenes de protección de por vida para víctimas de delitos graves como violación, agresión sexual, trata de personas y abuso infantil
La nueva ley extiende ese mismo nivel de protección a quienes sufren acoso agravado en el contexto de violencia doméstica.
Bolick destacó que los casos de acoso agravado a menudo involucran a individuos que ya han violado órdenes judiciales o tienen condenas previas por violencia doméstica contra la misma víctima, lo que demuestra un patrón de conducta que merece una respuesta judicial más severa.
“Estos sobrevivientes merecen cerrar ese capítulo de sus vidas sin temor a futuras intimidaciones”, afirmó.
La firma de la ley se produjo semanas después de que la senadora presentara el proyecto en el Senado estatal, donde recibió el respaldo unánime de los comités de Justicia y de Asignaciones, así como el apoyo de la coalición de defensores de víctimas que han trabajado durante años para cerrar este vacío legal.
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