En peligro el destino de miles de residentes de Arizona que actualmente dependen de programas federales para mantener una vivienda estable. CORTESIA: Freepik
El estado de Arizona enfrenta una crisis de personas sin hogar que se agravará sustancialmente por los cambios implementados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés); según advirtió la fiscal general Kris Mayes al unirse a una demanda colectiva interpuesta por veinte estados contra la agencia federal.
“Cada vez más habitantes de Arizona están siendo empujados a la falta de vivienda en la economía inasequible de Donald Trump“, declaró Mayes, añadiendo que “estos cambios drásticos e ilegales en las políticas de larga data del HUD empujarán a aún más personas a la indigencia”.
La demanda, presentada en el tribunal federal de Rhode Island, alega que el departamento está alterando ilegalmente su programa Continuo de Cuidado sin autorización del Congreso, reduciendo drásticamente el porcentaje de fondos destinados a vivienda permanente del noventa por ciento al treinta por ciento para subvenciones a partir de 2026.
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Esta medida tendrá un impacto devastador en Arizona, donde los proveedores de servicios para personas sin hogar dependen de la predictibilidad de estos recursos, ya que virtualmente garantiza que miles de personas anteriormente sin hogar serán desalojadas cuando los proyectos de vivienda permanente no puedan renovarse.
El programa Continuo de Cuidado, creado por el Congreso, ha funcionado durante décadas bajo el modelo “Vivienda Primero” que provee estabilidad habitacional sin condiciones previas, un enfoque que ha demostrado mejorar la situación residencial y la salud pública mientras reduce costos comunitarios.
Los nuevos requisitos exigen que los proveedores obliguen a los residentes a aceptar servicios como condición previa para obtener vivienda, además de penalizar a localidades que no aplican leyes estrictas contra las personas sin hogar, creando barreras que contradicen guías anteriores y la aprobación legislativa.
La queja legal sostiene que el departamento violó sus propias regulaciones al no participar en un proceso de formulación de normas antes de emitir los cambios, actuando de manera arbitraria al no explicar el abandono de políticas de larga data ni considerar las consecuencias de los desalojos masivos.
Adicionalmente, la agencia planea retener fondos a solicitantes que reconozcan la existencia de personas trans y de género diverso, quitando prioridad a servicios para personas con problemas de salud mental o trastornos por uso de sustancias, según detalla la demanda.
Para Arizona, estos cambios significarán un aumento inmediato en la población indigente cuando los recursos locales ya están bajo presión extrema creando caos administrativo que dificultará la planificación a largo plazo de los proveedores de servicios en el estado.
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La coalición demandante, liderada por los fiscales generales de Washington, Nueva York y Rhode Island busca bloquear la implementación de estas políticas que afectarían de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables en las comunidades de Arizona.
La fiscal general Mayes enfatizó que estas modificaciones “tensarán nuestros recursos locales y dificultarán que los proveedores sirvan a algunas de las personas más vulnerables de nuestro estado”, subrayando el contraste entre las nuevas directrices y el enfoque de “Vivienda Primero” que el departamento había promovido explícitamente hasta el año pasado.
