La votación bipartidista requiere aprobación del Congreso y llega tras la controvertida captura de Nicolás Maduro
En un raro gesto de independencia, el Senado de Estados Unidos votó para restringir la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar nuevas acciones militares en Venezuela, marcando la primera fisura significativa en la lealtad republicana tras la audaz captura del presidente Nicolás Maduro.
La votación procedimental, de 51 a favor y 47 en contra, obliga a Trump a buscar la autorización del Congreso antes de cualquier nueva acción bélica en el país sudamericano.
Este movimiento constituye una reprensión inesperada a la Casa Blanca y refleja una preocupación bipartidista sobre una posible escalada y una presencia militar prolongada.
Donald Trump respondió a la votación condenando a los senadores republicanos a través de Truth Social.
La resolución cobra fuerza tras la operación “Determinación Absoluta” del 3 de enero, donde fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas.
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El gobierno de Trump justificó la incursión como una misión de aplicación de la ley para arrestar a un “narcoterrorista” acusado desde 2020, sin informar previamente al Congreso.
Sin embargo, las posteriores declaraciones del presidente sobre gobernar la transición venezolana y controlar sus ventas de petróleo alarmaron a legisladores de ambos partidos.
“Esto es más grande que una orden de arresto”, afirmó el senador Tim Kaine, uno de los patrocinadores de la resolución.
La medida logró su avance gracias al apoyo de cinco senadores republicanos: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley.
Young declaró que una campaña prolongada en Venezuela contradiría la promesa de Trump de terminar con los “conflictos eternos”.
Collins argumentó que, con Maduro capturado, las circunstancias cambiaron y se requiere autorización expresa para un compromiso militar a largo plazo.
Por su parte, Hawley enfatizó que es responsabilidad del Congreso autorizar cualquier uso futuro de la fuerza.
La administración sostiene que la operación fue un acto de aplicación de la ley, no de guerra, y por tanto no requería aprobación congresional y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó esta postura.
No obstante, expertos en derecho internacional consideran que la incursión fue ilegal.
“Un estado no puede hacer cumplir su ley en el territorio de otro estado sin su consentimiento”, afirmó Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU; además, se cuestiona la violación de la inmunidad de un jefe de estado en funciones.
El ataque, que incluyó bombardeos a bases militares en Caracas y La Guaira, resultó en la muerte de al menos 24 militares venezolanos y 32 agentes de seguridad cubanos.
También siete soldados estadounidenses resultaron heridos.
Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró una falta temporal y designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
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Trump mediante una publicación en Truth Social anunció que Venezuela suministrará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que él directamente gestionaría ese dinero a favor del pueblo estadounidense y del país sudamericano.
El camino de la resolución aún es incierto; debe ser debatida y votada nuevamente en el Senado, luego pasar a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría más estrecha, pero finalmente, Trump podría vetarla, y los promotores no tendrían los votos para anularlo.
Esta votación simboliza un momento crucial en la relación entre el Congreso y la presidencia de Trump, reafirmando el papel constitucional del poder legislativo en los asuntos de guerra y paz, todo en medio de una operación cuyas consecuencias geopolíticas y legales aún se desarrollan.
