Los votantes de Arizona tendrán la última palabra en noviembre sobre si el aborto debe ser un derecho, luego de que la Corte Suprema de Arizona desestimara un intento de última hora de los opositores al aborto para evitar que la cuestión aparezca en la boleta electoral. CORTESIA: Maricopa Conty Elections Office / Facebook
Rechazo de la Corte Suprema de Arizona a oposición final contra Proposición 139
Los votantes de Arizona tendrán la última palabra en noviembre sobre si el aborto debe ser un derecho, luego de que la Corte Suprema de Arizona desestimara un intento de última hora de los opositores al aborto para evitar que la cuestión aparezca en la boleta electoral.
Dawn Penich, portavoz de la campaña a favor de la iniciativa de derechos al aborto, celebró la acción de la corte como una victoria para la capacidad de los votantes de Arizona de hacer oír sus voces.
“Esta victoria significa que los votantes de Arizona podrán expresar su opinión y consagrar el derecho a acceder al aborto en nuestra constitución estatal, colocando las decisiones médicas personales donde pertenecen: en las manos de pacientes y médicos de una vez por todas”, expresó Penich en un comunicado.
La organización Arizona Right to Life buscó invalidar todas las peticiones de firmas reunidas por la Ley de Acceso al Aborto de Arizona, argumentando que engañaron ilegalmente a los votantes para que firmaran; la organización antiaborto, junto con otros grupos prominentes, formó parte de una campaña llamada “Decline to Sign” que intentó, sin éxito, convencer a los votantes de no apoyar la iniciativa para que apareciera en la boleta electoral.
La campaña detrás de la Proposición 139 reunió una cantidad récord de firmas para calificar para la boleta de noviembre, y la semana pasada se confirmaron como válidas casi 578,000 firmas, superando con creces el requisito de 383,923 para una propuesta que enmienda la Constitución de Arizona.
En los tribunales, Arizona Right to Life argumentó que un resumen de 200 palabras de la medida, mostrado a los votantes por los recolectores de firmas, era tan engañoso que la única opción era desechar todas las hojas de firmas; una queja clave del grupo era que el resumen no explicaba que la iniciativa podría invalidar varias leyes de aborto existentes, incluida la prohibición de las 15 semanas de gestación actualmente vigente.
La ley garantiza el acceso a un aborto hasta el punto de viabilidad fetal, generalmente considerado alrededor de las 24 semanas, y permite excepciones más allá de ese plazo si un proveedor de atención médica considera que el procedimiento es necesario para preservar la vida, salud física o mental de la mujer.
También prohíbe cualquier ley estatal que niegue, interfiera o restrinja el derecho de una mujer a obtener un aborto, a menos que el estado tenga un interés convincente basado en decisiones fundamentadas en evidencia y que no infrinja la autonomía de la mujer.
Los argumentos de Arizona Right to Life no lograron convencer a un juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, quien dictaminó a principios de este mes que el resumen es perfectamente preciso y que las críticas del grupo sobre cómo la campaña ha descrito la ley deben ser discutidas en la arena política.
Esta semana, la Corte Suprema de Arizona coincidió con el tribunal inferior, afirmando que el resumen cumple con la ley estatal y los siete jueces ordenaron unánimemente que la iniciativa sea incluida en la boleta de noviembre.
En un fallo de cinco páginas, la Presidenta del Tribunal Supremo, Ann Scott Timmer, escribió que el resumen de 200 palabras de la iniciativa describe adecuadamente sus “principales disposiciones”, como exige la ley de Arizona.
Según los jueces, estas disposiciones incluyen que la Ley de Acceso al Aborto de Arizona establece un derecho fundamental al aborto; garantiza el derecho a obtener un aborto hasta y después de la viabilidad fetal; y evita que el estado castigue a alguien que asista a una mujer para recibir un aborto.
La queja de Arizona Right to Life de que el resumen no menciona cómo la iniciativa interactúa con la ley estatal existente es irrelevante, escribió Timmer, ya que la ley estatal no requiere que el resumen incluya tal explicación y además, agregó, no es necesario, porque la mayoría de los arizonenses comprenderían los efectos de la iniciativa sin necesidad de ser informados sobre ellos.
“El resumen no está obligado a explicar el impacto de la Iniciativa en las leyes o regulaciones de aborto existentes, además, una persona razonable entendería necesariamente que las leyes existentes que no superen las pruebas prescritas serían inválidas en lugar de continuar vigentes”, escribió Timmer.
Otro argumento presentado por Arizona Right to Life fue que el resumen omitió el hecho de que el proveedor de atención médica mencionado en la iniciativa que tiene la capacidad de autorizar un aborto incluso después de la viabilidad fetal puede incluir un proveedor de abortos.
Los abogados del grupo dijeron que esto podría abrir la puerta a juicios de mala fe, ya que los proveedores de abortos se benefician directamente de la realización de abortos, y argumentaron que incluir ese detalle en el resumen de 200 palabras podría haber convencido a algunos votantes de no agregar sus nombres a las hojas de peticiones de firmas.
Sin embargo, la Corte Suprema también desestimó ese argumento, con Timmer escribiendo que la mayoría de los arizonenses asumen que “proveedor de atención médica” incluye a cualquier “médico tratante” que una mujer esté consultando; además, agregó, la mayoría de los votantes reconocen que los proveedores de atención médica se guían por códigos éticos y actúan de buena fe para salvaguardar la salud de sus pacientes.
En resumen, las quejas presentadas por Arizona Right to Life no cumplen con el umbral necesario para bloquear la propuesta de derechos al aborto de la boleta electoral. De hecho, la mayoría de las críticas del grupo, escribió Timmer, deben abordarse en la esfera política, a través de la defensa y la oposición pública.
