Enviaron una carta a las autoridades en busca de la liberación de Yari Márquez, quien se encuentra desde hace más de un año en el Centro de Detención de Eloy. Foto: Cortesía /
Legisladores estatales demócratas de Arizona urgieron mediante una carta formal a las autoridades federales la aprobación expedita de la libertad condicional humanitaria de Arbella Rodríguez Márquez, una residente permanente legal que ha permanecido detenida por más de un año en el Centro de Detención de Eloy pese a no tener antecedentes penales y enfrentar un cuadro médico que se ha agravado durante su reclusión
El caso, conocido también como el de “Yari” Márquez, ha trascendido a nivel nacional por la duración del encierro y por las condiciones de un centro que los firmantes califican como incompatible con cualquier estándar mínimo de atención médica.
“Se ha vuelto abundantemente claro que Arbella no está recibiendo atención adecuada. Su condición médica ha empeorado mientras ha estado detenida en el Centro de Detención de Eloy“, señala la misiva suscrita por los legisladores.
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En la carta se enumeran los padecimientos documentados por su abogada: hematemesis, hemorragias, moretones, inflamación de ganglios linfáticos, pérdida de peso, anemia y dolor articular, todos ellos progresando desde que se presentaron las primeras declaraciones juradas.
Rodríguez Márquez, de 37 años, tiene además un historial de leucemia que convierte cualquier demora en un riesgo vital.
Desde aquella primera solicitud, el estado de Rodríguez Márquez se ha deteriorado aún más: ha sufrido nueva pérdida de peso, hematemesis y anemia persistente; fue hospitalizada de urgencia por linfadenopatía confirmada y anemia leve, y ha recibido diagnósticos recientes de artritis reumatoide que ya requieren evaluación especializada y monitoreo continuo ante posibles brotes autoinmunes.
“El Centro de Detención de Eloy no está equipado para atender adecuadamente las condiciones de Arbella”, subraya la carta, que añade que la mujer “no tiene antecedentes penales, no es un peligro para la comunidad y ciertamente no representa un riesgo de fuga”.
Los legisladores fueron más allá al afirmar que mantenerla recluida “con evidencia documentada de empeoramiento de condiciones médicas graves, junto con un historial de leucemia, es una sentencia de muerte”, y denunciaron que el centro de Eloy es una instalación “conocida por su trato inhumano a los migrantes, la negación atroz de atención médica básica y el acoso sancionado a los detenidos LGBTQ+”.
El caso ha cobrado notoriedad nacional por la duración de la detención, más de un año, a pesar de que Rodríguez Márquez es residente permanente legal, condición que normalmente la excluiría de procesos de deportación prolongados en un centro como el de Eloy.
Su abogada presentó declaraciones juradas que documentan el deterioro progresivo desde el primer mes de reclusión, y las autoridades migratorias han denegado hasta ahora las sucesivas peticiones de libertad condicional humanitaria.
El Centro de Detención de Eloy, operado por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ya fue objeto de múltiples demandas por presunta negligencia médica y condiciones inhumanas.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontró en 2024 que la instalación no contaba con personal médico suficiente para atender a la población bajo su custodia. Según informes de la propia agencia, el número de muertes en custodia de ICE se ha duplicado desde 2022.
Los firmantes de la carta urgen al director interino o funcionario correspondiente a aprobar “las reiteradas solicitudes de libertad condicional humanitaria para que Arbella pueda obtener atención médica adecuada y continuar con todos los procedimientos legales”, ya que “cualquier demora adicional pone en riesgo significativo su salud y su vida”.
El caso ha generado reacciones en redes y medios nacionales; organizaciones como el Proyecto de Refugiados y Migrantes del Sur de Arizona han documentado públicamente las condiciones de Rodríguez Márquez y han exigido su liberación inmediata, mientras legisladores de otros estados han comenzado a enviar cartas similares.
La Oficina de Campo del ICE en Phoenix no ha emitido comentarios sobre el caso específico, pero ha defendido en el pasado las condiciones del centro asegurando que se realizan evaluaciones médicas a todos los detenidos. La carta fue enviada con copia a la dirección de esa oficina y al supervisor encargado del caso.
A más de un año de su detención, y con un cuadro clínico que se deteriora semana a semana, Rodríguez Márquez espera una respuesta que, según los legisladores, ya no admite demora.
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El caso de “Yari” se ha convertido en un símbolo de los límites del sistema de detención migratoria, donde incluso quienes poseen residencia legal pueden quedar atrapados durante meses sin acceso a la atención médica que su vida requiere.
