El operativo de HSI en Zipps Sports Grill tuvo un saldo de 31 trabajadores detenidos, la mayoría eran cocineros de los restaurantes. CORTESIA: Juan Cisneros
Un operativo de la ley federal allanó quince locales de la cadena Zipps Sports Grill en el área metropolitana de Phoenix, resultando en la detención de 35 trabajadores y generando manifestaciones masivas contra la aplicación de leyes migratorias.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ejecutaron órdenes de cateo autorizadas por un juez, como parte de una investigación criminal de meses por “violaciones graves de la ley federal”.
Este operativo, uno de los más grandes recientemente en Arizona, cerró temporalmente los restaurantes y dejó a la comunidad en estado de alerta y movilización.
El cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, confirmó que los 35 detenidos son de nacionalidad mexicana, y que al menos 13 de ellos ya firmaron su salida voluntaria del país.
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Abogados de inmigración señalaron que entre los detenidos hay personas con hasta quince años de residencia en Estados Unidos y algunos con hijos ciudadanos estadounidenses que buscan opciones legales para permanecer.
Testigos en varios locales describieron el ingreso abrupto de agentes fuertemente armados, quienes ordenaron a clientes y empleados salir o permanecer en el lugar mientras realizaban preguntas, incluyendo sobre su estatus migratorio.
Aunque las autoridades federales insistieron en que no se trataba de una redada migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino de la ejecución de órdenes de cateo en una investigación penal, la comunidad percibió lo contrario.
La oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Arizona declaró que la investigación se basa en información presentada a un juez, enfatizando que se darán más detalles en los próximos días.
La naturaleza precisa de los delitos investigados sigue sin revelarse oficialmente, aunque testigos y algunos reportes mencionan una investigación centrada en el robo de identidad.
Este incidente se suma a otros allanamientos recientes a restaurantes en el estado durante la actual administración y a la espera de otras acciones que fueron ampliamente anunciadas en redes sociales, pero todavía no han sucedido.
La cadena Zipps Sports Grill, propiedad de Goldman Management, emitió un comunicado confirmando su cooperación plena con las autoridades y anunciando que trabaja para reabrir sus locales a fin de semana.
La empresa también declaró respetar el derecho a la protesta pacífica, pidiendo respeto para los negocios y empleados circundantes.
Mientras la investigación federal continúa y se evalúan posibles cargos, las familias afectadas y la comunidad exigen rendición de cuentas y transparencia.
Crece la inconformidad
La respuesta comunitaria fue inmediata y contundente, con cientos de personas protestando frente a los restaurantes allanados, coreando consignas como “vergüenza” y portando carteles que rechazaban la presencia de ICE en Phoenix.
La indignación por el operativo se sumó a las protestas después del asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis el pasado fin de semana y solo un par de semanas después del caso de Renee Good.
La congresista Yassamin Ansari se unió a los manifestantes, vinculando el temor local con los recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes federales en Minnesota.
“La comunidad siente mucho miedo ahora”, declaró Ansari, agregando que la diversa multitud enviaba un mensaje claro de que no quieren a ICE en la ciudad.
La movilización se amplificó con una coalición de organizaciones sociales, incluyendo a LUCHA y Progress Arizona, así como el veterano activista Roberto Reveles haciendo un llamado a los jóvenes.
Estudiantes de más de quince preparatorias del distrito Phoenix Union realizaron una caminata de protesta, en un “Día de Acción” coordinado para exigir que ICE salga de Phoenix y para defender a las familias inmigrantes.
La policía local y alguaciles del condado de Maricopa fueron desplegados para mantener la paz durante las manifestaciones.
El operativo ocurre en un contexto de mayor presión federal sobre temas migratorios en Arizona, donde solo la semana pasada se presentaron cargos contra 150 personas por delitos relacionados.
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La gobernadora Katie Hobbs expresó su frustración por la falta de notificación adecuada de la administración en estas operaciones de alto perfil, argumentando que eso dificulta la coordinación y la seguridad.
Este caso refleja las profundas tensiones alrededor de la aplicación de la ley de inmigración en Arizona, un estado fronterizo donde los debates sobre derechos, seguridad y humanidad continúan definiendo el panorama político y social.
