En un año de enorme convulsión política, surge la acusación de supuestos malos manejos por parte del gobierno estatal, a lo que la gobernadora Katie Hobbs señaló que espera el resultado de la investigación por parte de le Fiscalía General de Arizona. CORTESIA: Governor Katie Hobbs / Facebook
Fiscalía General de Arizona investiga caso sobre donante de campaña de Katie Hobbs
Una reciente investigación ha puesto bajo escrutinio la relación entre la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs y la empresa de viviendas colectivas, Sunshine Residential Homes Inc. por lo que la fiscal general del estado, Kris Mayes, ha iniciado una investigación tras recibir una solicitud de un legislador republicano, en medio de acusaciones de un posible “pago por juego”.
El foco de la investigación son los aumentos de tarifas otorgados por el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona a Sunshine Residential Homes, una empresa que realizó donaciones generosas a la campaña de Hobbs, lo que ha generado sospechas sobre un posible trato preferencial.
En respuesta a las acusaciones, la gobernadora Hobbs calificó las afirmaciones de “escandalosas” y negó cualquier implicación en un plan de “pago por juego” y afirmó que siempre ha actuado en el mejor interés de los niños de Arizona y espera que la investigación aclare cualquier duda sobre su administración.
“Soy trabajadora social y es indignante que no actúe en el mejor interés de los niños de Arizona bajo cuidado de crianza. Siempre he hecho y haré lo mejor para los arizonenses”, dijo Hobbs a los periodistas en un evento en Phoenix para promover un programa de educación cívica para escuelas secundarias.
“Hay una investigación de la AG. No voy a hacer más comentarios excepto decir que espero con ansias la conclusión de la investigación y encontrar que actuamos en el mejor interés de Arizona”, dijo Hobbs.
La investigación ha suscitado reacciones políticas, con legisladores republicanos como el senador T.J. Shope y el representante Matt Gress solicitando una investigación sobre lo que describen como un esquema de corrupción pública, mientras la administración de Hobbs ha defendido su integridad y ha calificado la investigación como un intento de politizar el asunto.
Sunshine, una empresa privada contratada por el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) para albergar a niños abandonados y maltratados, hizo donaciones por un total de 400,000 dólares al comité de toma de posesión de Hobbs y al Partido Demócrata de Arizona en 2022 y 2023, tanto antes como después de que Hobbs fuera elegido. informó la República.
DCS ha aprobado importantes aumentos de tarifas solicitados por el operador de viviendas colectivas desde que Hobbs asumió el cargo, según la influyente prensa estatal, lo que plantea dudas sobre el trato preferencial.
La fiscal general Kris Mayes, un demócrata, está investigando el asunto después de que el senador estatal republicano T.J. Shope le pidió que investigara lo que, según él, “sólo puede describirse como un plan de pago por juego”.
Shope también contactó la semana pasada con la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, una republicana, sobre una posible investigación, al igual que el representante estatal republicano Matt Gress.
Rachel Mitchell dijo que la Oficina del Auditor General se había puesto en contacto con ella para trabajar juntos en el caso, lo que llevó a Mayes a decirle a las otras agencias que dieran marcha atrás.
La fiscal general Mayes ha tomado medidas para asegurar la integridad del proceso investigativo, rechazando la ayuda de otras agencias para evitar investigaciones paralelas. Mayes ha subrayado la importancia de conducir la investigación de manera independiente para garantizar su imparcialidad, por lo que escribió cartas a la Oficina del Auditor General de Arizona y a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa
Algunos republicanos han cuestionado si Mayes puede ser imparcial, en particular la tesorera Kimberly Yee, quien le escribió una carta cuestionando la noción de que la Fiscalía debería tener jurisdicción exclusiva sobre la investigación.
“En primer lugar, tal afirmación no es apropiada ni está autorizada por la ley, ya que esas entidades tienen jurisdicción separada para investigar este asunto”, escribió Yee el lunes.
Citando un “posible conflicto de intereses ético” y “otras relaciones con los funcionarios que pueden haber estado involucrados en el presunto plan”, Yee sugirió que Mayes debería transferir la investigación a Mitchell u otro fiscal del condado.
Mayes respondió a Yee con una carta cuestionando la evaluación del tesorero.
“Al igual que con cualquier otra investigación que realiza nuestra oficina, seguiremos los hechos dondequiera que nos lleven. Como ocurre con todo lo que hacemos, también somos plenamente conscientes de nuestras obligaciones éticas y hemos tomado las medidas adecuadas para proteger los intereses de todos los interesados, incluida la orden al Departamento de Seguridad Infantil para que obtenga asesoramiento externo en este asunto”, escribió Mayes a Yee.
“Finalmente, señalaré que si bien siempre puede expresarme sus inquietudes personales, nada sobre los asuntos que el senador Shope nos ha pedido que investiguemos está remotamente relacionado con cualquiera de sus deberes legales según lo establecido por A.R.S. §41-172.”
A medida que la investigación avanza, se espera que arroje luz sobre las acusaciones de trato preferencial y corrupción. Mientras tanto, tanto la administración de Hobbs como los legisladores republicanos esperan que se haga justicia y se protejan los intereses del pueblo de Arizona. La verdad sobre este asunto delicado se espera en los próximos meses, a medida que la investigación continúa su curso.
