Para aquellos que no tienen vivienda, esto significará multas, multas e incluso encarcelamiento en una comunidad vulnerable ya abandonada por las autoridades municipales y estatales. CORTESIA: Maricopa Association of Governments / Facebook
La Corte Suprema apoya a la Legislatura de Arizona en la lucha contra delincuencia
En un giro significativo en la lucha contra la crisis de personas sin hogar en Arizona, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la posición argumentada por el presidente del Senado, Warren Petersen, en un escrito amicus curiae.
Este fallo proviene de un caso que se originó en Oregon y allana el camino para que los estados y las jurisdicciones locales adopten políticas más estrictas contra las ciudades de tiendas de campaña y otros campamentos que presentan preocupaciones de seguridad y salud públicas.
En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo en el caso City of Grants Pass, Oregon v. Gloria Johnson, estableciendo un “derecho” constitucional para las personas a acampar y dormir en lugares públicos como aceras, parques y patios de recreo. Esta interpretación de la Octava Enmienda desafiaba las leyes tradicionales de salud, seguridad y bienestar, y efectivamente obligaba a los estados y municipios a permitir campamentos de personas sin hogar en espacios públicos, lo que conllevaba problemas asociados de actividad criminal, abuso de drogas, violencia y enfermedades.
La Intervención de Arizona
En septiembre, a raíz de la creciente preocupación de los residentes de Phoenix por el campamento de personas sin hogar cerca del Capitolio de Arizona conocido como “La Zona”, el presidente Petersen presentó un escrito amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera en el caso y esta solicitud fue aceptada en enero de este año.
La Corte Suprema confirmó que el Noveno Circuito se extralimitó en un área de formulación de políticas reservada para los legisladores estatales y locales, clasificando erróneamente la aplicación de leyes para limitar los campamentos de personas sin hogar como “castigo cruel e inusual”.
Este fallo impidió a los legisladores estatales y locales cumplir con su deber de mitigar los problemas relacionados con los campamentos de personas sin hogar.
Según un informe de 2024 del Common Sense Institute, Arizona está gastando aproximadamente mil millones de dólares al año en la crisis de personas sin hogar, con alrededor de 14,000 personas sin hogar en todo el estado, de las cuales 7,600 viven en las calles.
“Este fallo es una victoria en los esfuerzos de nuestro estado para abordar la crisis humanitaria que destruye vidas y medios de subsistencia dentro de nuestras comunidades a diario”, afirmó el presidente Petersen.
“No se debería obligar a nuestros niños a caminar hasta la escuela en calles llenas de agujas, heces y basura. Debemos disuadir a las personas de acampar al aire libre mediante leyes aplicables y proporcionarles los servicios de salud mental o abuso de sustancias necesarios para superar esta terrible situación”.
Petersen también hizo un llamado a los funcionarios electos progresistas de Arizona para que actúen.
“Nuestra gobernadora y otros funcionarios electos ya no tienen excusas para permitir estos campamentos. Esperamos con ansias la elaboración de legislación de sentido común sobre este asunto en un futuro próximo, y que el Gobernador haga lo correcto al firmar esas leyes”.
La legislatura de Arizona se ha comprometido a abordar este problema con urgencia. A pesar de la ausencia del fiscal general de Arizona en estos temas, la legislatura sigue comprometida con la defensa de las leyes del estado y la lucha contra la extralimitación judicial y ejecutiva, reza un comunicado.
El fallo de la Corte Suprema representa un cambio crucial en la política hacia las personas sin hogar y promete abrir nuevas vías para abordar de manera efectiva esta crisis en Arizona y potencialmente en otros estados afectados.
Perseguidos por existir
En respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de fallar a favor de Grants Pass, criminalizando así a las personas sin hogar, el Centro para la Acción por la Democracia Popular emitió la siguiente declaración:
“Hoy, la Corte Suprema ha tomado la decisión moralmente fallida de permitir que las personas sin hogar sean perseguidas y castigadas simplemente por existir, mientras les niega refugio y seguridad como un derecho humano. Para aquellos que no tienen vivienda, esto significará multas, multas e incluso encarcelamiento para una comunidad vulnerable ya abandonada por las autoridades municipales y estatales.
“Estamos en medio de una crisis en la que la vivienda es inasequible para millones de estadounidenses. Millones de nosotros estamos a sólo un cheque de sueldo de perder nuestros hogares.
“Ante esta devastadora decisión, continuaremos luchando para que todas las personas tengan acceso a viviendas seguras y permanentemente asequibles”.
