En esta foto de archivo del evento de inicio de la sesión legislativa 2024, la gobernadora Katie Hobbs comparte con Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona; las organizaciones empresariales se han manifestado en contra de medidas antiinmigrantes como la HCR 2060, que resultarán dañinas la economía de Arizona. FOTO: Oscar Ramos
Líderes empresariales y funcionarios policiales advierten altos costos de HCR 2060
Mientras los republicanos en la Legislatura de Arizona impulsan llevar a la boleta electoral sus propuestas antiinmigrante por medio de la Resolución Conjunta de la Cámara (HCR) 2060, cuya votación se encuentra pausada esta semana, líderes empresariales y funcionarios de aplicación de la ley están levantando la voz en oposición.
La Cámara de Comercio de Arizona, el Liderazgo de Phoenix, LocalFirstAZ, la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial y fiscales de condados fronterizos bipartidistas de tres condados han instado al Senado a proteger el futuro de Arizona deteniendo esta medida.
La HCR 2060, que busca abordar la crisis fronteriza, ha generado preocupaciones entre estos grupos debido a sus posibles impactos operativos y fiscales.
El Instituto Grand Canyon estimó el costo de la remisión electoral en $325 millones al año, mientras que la proyección del Departamento de Correccionales, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR, por sus siglas en inglés) señala “impactos operativos y fiscales significativos para la agencia”.
El presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, Danny Seiden, expresó la frustración compartida con la Legislatura por la falta de acción federal sobre la inmigración y la seguridad fronteriza.
Seiden llamó al Congreso y al Presidente a tomar medidas para asegurar la frontera y detener el abuso de las leyes de asilo, pero advirtió sobre los riesgos de abordar esta cuestión a través de leyes estatales que podrían dejar a las agencias locales sobrecargadas y sin financiamiento.
El Consejo Económico del Greater Phoenix también expresó su preocupación, destacando las complejidades legales y las posibles dificultades económicas que podrían surgir de la implementación de la HCR 2060 y señalaron que las disposiciones de la medida representan un riesgo significativo para la economía del estado y la capacidad de atraer empresas de alto valor a la región.
Se afirmó que la HCR 2060 es una respuesta inviable a un problema federal y que impondría una carga no financiada a las agencias de aplicación de la ley locales.
La Coalición de Condados Fronterizos de Arizona instó a la Legislatura estatal a mantener una perspectiva a largo plazo para lo que es mejor para Arizona y su relación con su mayor socio comercial. Argumentaron que la medida dejaría responsabilidades que deberían ser federales en manos de los gobiernos locales, lo que podría tener graves consecuencias para el futuro crecimiento y la relación económica del estado.
Los fiscales de los condados fronterizos, tanto republicanos como demócratas, también criticaron la medida. Brian McIntyre, fiscal del condado de Cochise, calificó las disposiciones penales de “vergonzosas”, mientras que Laura Conover, fiscal del condado de Pima, destacó la importancia de mantener la confianza en la policía local.
El jefe de prisiones de Arizona advirtió sobre el costo potencialmente exorbitante de la medida y su impacto en el sistema penitenciario estatal. Thornell explicó que no solo agregaría millones al gasto en prisiones del estado, sino que también podría violar una orden judicial federal relacionada con el cuidado médico de los reclusos.
En resumen, la oposición a la HCR 2060 está creciendo entre los líderes empresariales, los funcionarios policiales y los expertos en políticas, quienes advierten sobre los riesgos financieros y legales de la medida propuesta.
