El presidente del senado de Arizona, Warren Petersen amenaza con llevar su propuesta ICE Act a la boleta electoral del 2026, tal y como lo hicieron con la Proposición 314. Foto: Cortesía / Governor Katie Hobbs
El veto de la gobernadora Katie Hobbs al Arizona ICE Act (SB 1164) marcó un punto crítico en el debate migratorio estatal. La ley, respaldada por republicanos como el presidente del Senado Warren Petersen, buscaba obligar a agencias locales a colaborar con las deportaciones federales, reteniendo personas hasta 48 horas sin orden judicial.
Petersen defendió la medida como necesaria para combatir el tráfico de fentanilo y crímenes violentos, pero datos revelaron que la mayoría de los detenidos bajo órdenes migratorias no tenían antecedentes penales y amenaza en convertirla en proposición a ser votada en la elección 2026.
La nueva escaramuza entre la legislatura y la Gobernadora, se dio después de un momentáneo congelamiento a la firma de propuestas de ley que fue levantado a inicios de ésta semana, cuando varias propuestas fueron firmadas y otras tantas vetadas.
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El caso de José Hermosillo, ciudadano estadounidense detenido en Nogales sin portar documentos, ejemplificó los fallos del sistema y aunque fue liberado 10 días después, tras comprobar su nacionalidad, su arresto reflejó un patrón recurrente: entre 2002 y 2017, ICE identificó erróneamente a miles de ciudadanos como deportables; Situaciones similares ocurrieron en Florida, donde Juan Carlos López Gómez fue arrestado bajo una ley estatal suspendida, pese presentar su acta de nacimiento.
Hobbs denunció que el SB 1164 violaba la Cuarta Enmienda al permitir detenciones sin causa probable, argumentando que “ataría de manos a las agencias locales” y generaría desconfianza en comunidades migrantes. Un informe fiscal advirtió que su implementación costaría millones en litigios, una carga logística sin fondos claros.
Arizona, con el 34% de población latina, enfrenta dilemas económicos. Mientras Petersen promueve llevar el SB 1164 a las urnas en 2026, siguiendo el modelo de la Secure Border Act, analistas prevén costos billonarios a nivel nacional por deportaciones masivas, además de pérdidas en sectores como agricultura y construcción, donde los migrantes son vitales.
Organizaciones como LUCHA compararon el SB 1164 con la SB1070 de 2010, una ley que permitía perfiles raciales y costó millones en litigios. “Este veto protege a las familias de una agenda deportadora”, afirmó Alejandra Gómez, directora de LUCHA.
El impacto a nivel nacional
Por su parte, la congresista Yassamin Ansari emergió como voz crítica tras viajar a El Salvador para exigir la liberación de Kilmar Abrego García, un migrante deportado ilegalmente y recluido en una megacárcel.
“Esto no es sobre una persona, es una crisis constitucional ante la falta de un debido proceso”, declaró Ansari, quien enfrentó críticas de figuras como Laura Ingraham de Fox News, que calificó su gestión de “espectáculo político”.
El caso de Abrego García, respaldado por un fallo unánime de la Corte Suprema, expuso la tensión entre el gobierno de Trump y el sistema judicial. Pese a la orden de facilitar su retorno, el mandatario insistió en vincularlo con pandillas y acusarlo de ser un esposo golpeador, mientras El Salvador se negaba a cooperar.
La polémica se amplificó con la renuncia de Melanie Krause, comisionada interina del IRS, tras un acuerdo de intercambio de datos con el Departamento de Seguridad Nacional para facilitar deportaciones. Funcionarios alertaron que esta alianza, criticada por grupos de derechos, podría disuadir a migrantes indocumentados de pagar impuestos, afectando recaudaciones y exponiendo a comunidades a redadas.
Abogados como Neil Weinrib reportaron un “aluvión” de consultas de migrantes temerosos de que su información fiscal fuera usada en su contra. “La gente se siente traicionada”, señaló Adriana Rivera de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
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Arizona se erige como microcosmos de la lucha entre autonomía estatal y políticas federales. Con un electorado dividido, mientras, casos como los de Hermosillo y Abrego García recuerdan que, en la retórica de la seguridad, los derechos civiles suelen ser las primeras víctimas.
La renuncia de Krause y la resistencia de figuras como Ansari subrayan que, más allá de Arizona, el debate migratorio seguirá definiendo no solo fronteras, sino el alma misma de Estados Unidos.
