Arizona encabeza dos nuevas demandas por recortes o retención de fondos críticos en contra de la administración federal. CORTESIA: Freepik
Esta vez contra política energética y desmantelamiento de salud federal
El estado de Arizona presentó dos nuevas demandas legales contra la administración del expresidente Donald Trump, sumándose a una serie de acciones jurídicas que cuestionan políticas federales en materia ambiental y de salud pública. Las demandas, lideradas por la fiscal general Kris Mayes, fueron interpuestas en coalición con otros estados y se enfocan en el congelamiento de proyectos de energía eólica y el desmantelamiento de programas esenciales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
En la primera demanda, Mayes y fiscales generales de otros 18 estados acusaron a la administración Trump de intentar frenar ilegalmente el desarrollo de energía eólica mediante un memorándum presidencial emitido a principios de año. El documento ordenó la suspensión indefinida de permisos federales para proyectos eólicos terrestres y marítimos, incluso aquellos que ya contaban con autorización.
“Congelar la energía eólica no solo es una mala política, sino algo ilegal”, declaró Mayes. “En Arizona, estos proyectos generan ingresos clave para escuelas públicas y beneficiarios estatales. La medida federal amenaza nuestro progreso económico y ambiental”.
Te puede interesar: De Senador a Supersecretario: Marco Rubio asume como asesor de seguridad nacional
La coalición argumentó que la orden violó leyes administrativas al carecer de justificación técnica, revertir políticas federales de largo plazo y obstruir metas estatales de energía limpia. Además, señalaron que la energía eólica es una fuente confiable que sostiene empleos, actividad económica y aportes fiscales en todo Estados Unidos.
“Programas vitales en riesgo”
La segunda demanda, presentada junto a 19 estados, cuestionó la reestructuración “drástica” del HHS bajo la iniciativa “Eficiencia Gubernamental” promovida por el secretario Robert F. Kennedy Jr. Según la denuncia, miles de despidos y el cierre de programas esenciales dejaron sin protección a grupos vulnerables, desde mineros con enfermedades laborales hasta familias que dependen de subsidios energéticos.
“Programas como LIHEAP y Head Start no son lujos, sino salvavidas para los arizonenses. El desmantelamiento de HHS amenaza con arrebatar servicios esenciales a quienes más los necesitan”, afirmó Mayes.
La demanda detalló impactos concretos: clausura de laboratorios clave para rastrear enfermedades como el sarampión, despidos masivos en programas de salud mental y adicciones, y el fin de equipos dedicados a la salud materna. Además, criticó la eliminación de personal del programa LIHEAP, que protege a hogares de bajos ingresos ante temperaturas extremas.
En ambos casos, los fiscales generales alegaron que las acciones federales violaron leyes administrativas y estatutos que exigen aprobación del Congreso para cambios estructurales. En el caso de HHS, subrayaron que la reorganización “caótica” ignoró normas presupuestarias y de salud pública, poniendo en riesgo “misiones históricas” del departamento.
La coalición solicitó a los tribunales declarar ilegales las medidas, restablecer operaciones críticas y frenar despidos masivos. En abril, un juez federal ya había ordenado la reinstalación temporal de fondos estatales tras otra demanda relacionada.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Mayes contó con el respaldo de fiscales generales de estados como California, Nueva York, Illinois, Michigan y Washington, entre otros. En conjunto, enfatizaron que las políticas federales cuestionadas afectaron no solo metas ambientales, sino también la capacidad de Estados Unidos para responder a crisis sanitarias y proteger a comunidades marginadas.
Con estas demandas, Arizona reforzó su postura como opositor clave a políticas de la era Trump, marcando un precedente en la defensa de agendas progresistas frente a cambios federales unilaterales. El desenlace judicial podría influir en futuros debates sobre el equilibrio de poderes y el rol del gobierno en la transición energética y la salud pública.
