Bajo la ley SB 1604, los individuos considerados peligrosos, con trastornos mentales severos e inhábiles para enfrentar un juicio deberán ser trasladados a Instalaciones Residenciales Seguras de Salud Conductual. CORTESIA: Freepik
La senadora estatal Hildy Angius impulsó una nueva ley en Arizona que busca garantizar la seguridad de personas con enfermedades mentales graves y de la comunidad, al exigir su ubicación en instalaciones separadas según su situación legal. La legislación, recién firmada, modifica el marco de salud mental y jurídico del estado.
Bajo la ley SB 1604, los individuos considerados peligrosos, con trastornos mentales severos e inhábiles para enfrentar un juicio deberán ser trasladados a Instalaciones Residenciales Seguras de Salud Conductual (SBERF, por sus siglas en inglés). La norma establece que quienes sean internados de forma civil —bajo el Título 36— y aquellos procesados penalmente —bajo el Título 13— no podrán compartir espacios. La separación, según la senadora, es crucial para seguridad pública y para cumplir requisitos de reembolsos de Medicaid.
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“Los arizonenses merecen vivir en un entorno donde su seguridad no esté comprometida, incluyendo a quienes padecen enfermedades mentales graves”, declaró Angius. Criticó que, ante la falta de centros especializados, las autoridades recurrían a “soluciones temporales” inadecuadas. “Esta ley asegurará que reciban atención intensiva en lugares equipados para sus necesidades”, añadió.
La legisladora republicana destacó el apoyo bipartidista a la iniciativa, pero advirtió que el “eslabón faltante” es financiamiento para construir más SBERF, propuesto en otro proyecto de ley (SB 1442).
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“Confío en que se incluirá en el presupuesto estatal”, afirmó. Agradeció a colegas de ambos partidos en el Senado y la Cámara de Representantes por respaldar la medida.
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La SB 1604 entrará en vigor noventa días después de que la legislatura concluya su período de sesiones. Actualmente, Arizona carece de infraestructura suficiente para atender a esta población, lo que generaba críticas por el hacinamiento y riesgos de violencia en centros compartidos. Salud
Angius subrayó que la separación entre internos civiles y penales evitará conflictos y facilitará el acceso a fondos federales para el grupo bajo el Título 36. Organizaciones de salud mental han aplaudido la medida, aunque piden acelerar la construcción de nuevas instalaciones.
