“Parece haber una confabulación entre el ICE, los fiscales y probablemente los jueces, una verdadera ‘traición’”, dice la abogada Emilia Bañuelos. Foto: Cortesía /
La corte de inmigración de Phoenix se convirtió en el epicentro de una estrategia federal que activistas califican como “cacería”, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a decenas de inmigrantesde diversas nacionalidades en ascensores, pasillos y el estacionamiento, minutos después de que fiscales pidieran a jueces desestimar sus casos.
Esta táctica, diseñada bajo las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, crea vacíos legales para reactivar procesos bajo normas más estrictas, allanando el camino a deportaciones exprés y sin derecho a una audiencia.
“Parece haber una confabulación entre el ICE, los fiscales y probablemente los jueces, una verdadera ‘traición’, pues los inmigrantes son víctimas de un sistema diseñado para abusar de su confianza”, denuncia Emilia Bañuelos, abogada de inmigración con dos décadas defendiendo casos fronterizos.
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El gobierno “traiciona y castiga a quienes siguen las reglas”, afirma Bañuelos.
“Les dicen: ‘Ven a tu audiencia’, pero cuando llegan, les cierran el caso y los arrestan como criminales ¿Dónde queda el debido proceso?”, señala.
Las deportaciones exprés o expeditas, ampliadas por Trump en 2025, permiten expulsar a cualquier persona sin estatus legal que no pueda demostrar una presencia continua en Estados Unidos por más de dos años.
Además, ICE recuperó facultades para operar en áreas antes consideradas “sensibles”, como los tribunales, bajo el argumento de “proteger la integridad del sistema judicial”.
Para Bañuelos, esto es una distorsión: “Las cortes deberían ser espacios seguros, no trampas. Detener a alguien tras desestimar su caso es como tenderle una emboscada legal”.
La abogada explica que, al cerrar un caso migratorio, el gobierno federal puede inmediatamente reabrir otro bajo el marco actual, que prioriza la remoción acelerada.
“Es un ciclo perverso: les dan una cita, les quitan su oportunidad de defensa y los deportan sin que un juez evalúe su situación humanitaria”, señala.
Sin abogados, sin recursos
Bañuelos enfatiza que las detenciones se concentran en personas no representadas legalmente: “Si vas sin abogado, eres presa fácil. ICE sabe que un profesional protestaría, exigiría audiencias justas o apelaría”.
Datos de la National Immigration Law Center indican que el 85% de los detenidos en tribunales desde 2025 carecían de representación.
“Esto no es casualidad: es una máquina de deportar que se alimenta de la vulnerabilidad”, agrega Bañuelos.
El testimonio de “Luis”, un migrante guatemalteco detenido en Phoenix tras acudir a una audiencia, ilustra el drama: “Me dijeron que mi caso se cerraba y que podía irme, pero al salir, los agentes me esperaban en el estacionamiento. Me rodearon y no hubo explicaciones, solo esposas”.
Esta es una historia que repitió en Seattle, Los Ángeles y Miami, donde operativos similares también fueron reportados, afectando a familias enteras.
Frente a este panorama, Bañuelos ve pocas salidas inmediatas: “El asilo es casi imposible de ganar ahora, pues piden pruebas irrefutables de persecución, pero ¿Cómo documentas eso si huyes de una pandilla o de un régimen opresor?”.
Aun así, lo considera un “remedio necesario”: “Es la única forma de que tu voz sea escuchada, aunque el sistema esté amañado”.
Para Bañuelos, la resistencia está en la visibilidad: “Cada persona debe narrar su travesía. No es sobre ‘mentiras’ o ‘inventar’, sino sobre humanizar una lucha que el gobierno quiere reducir a números”. Reconoce los riesgos: “Hablar puede significar más persecución, pero el silencio nos hace cómplices”.
Hipocresía y perfil racial
Aunque la administración Trump insiste en que las fuerzas locales colaboren con ICE, pero en Arizona la gobernadora Katie Hobbs se ha opuesto a ésta política, Bañuelos ha documentado casos donde policías municipales realizan detenciones por e inmediatamente hacen el llamado a los agentes de inmigración.
“En algunos condados, quieren convertir a los agentes en oficiales de inmigración de facto. Esto es ilegal y peligroso: no están capacitados para aplicar leyes federales”, advierte.
Señala además un patrón de perfil racial: “Detienen a latinos o africanos en retenes, pero ignoran a migrantes europeos o canadienses. Es una doble moral que revela el racismo institucional”.
Ejemplifica con casos recientes: “A 17 familiares de ‘El Chapo’ Guzmán les otorgaron el acceso al país y le dan asilo a sudafricanos blancos alegando genocidio mientras deportan a las personas de color ¿Qué mensaje envía esto?”.
El debate trasciende lo legal: se arraiga en qué tipo de sociedad quiere ser Estados Unidos. “Cuando criminalizas a quien sigue las reglas, destruyes la esencia de la justicia”, reflexiona Bañuelos.
La abogada critica la “hipocresía” de un gobierno que, mientras recorta programas sociales, “da cheques en blanco a campañas de desinformación antimigrante”: “Gastan billones en militarizar la frontera y en propaganda que vincula migración con crimen, pero, pasan un presupuesto que elimina fondos para escuelas o hospitales y asistencia alimentaria”.
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Mientras Trump promete “la mayor deportación de la historia”, ella insiste en que la esperanza está en las urnas: “Un nuevo presidente puede revertir estas políticas, pero hasta entonces, cada detención es una mancha en la democracia que dicen defender”.
En los pasillos del tribunal de Phoenix, las palabras de la abogada resuenan como un eco: “Las cortes deben proteger, no perseguir. Lo que vivimos hoy no es ley: es venganza institucionalizada”.
