El gobierno federal tiende una “trampa legal” al desestimar casos y deportar de forma expedita a quienes acuden a comparecer en sus casos. Foto: Cortesía / Redes sociales
Las cortes de inmigración de Phoenix se convirtieron en escenario de una estrategia federal que abogados y activistas califican como un giro alarmante en la política migratoria. Decenas de personas que asistieron a audiencias programadas, muchas en proceso de solicitar asilo, fueron detenidas por agentes de ICE en el mismo edificio donde se imparte justicia.
Abogados presentes describieron a agentes vestidos de civil, incluso enmascarados, en camionetas gubernamentales estacionadas en el área y hasta rifles largos en manos de oficiales, un despliegue inusual para procedimientos que, históricamente, han sido administrativos.
La abogada Ayensa Millán, del CIMA Law Group, no duda en calificar estos hechos como un “abuso de poder”. En declaraciones exclusivas para este medio, afirmó: “Más de 200 personas en todo Estados Unidos fueron detenidas en juzgados de inmigración y esto no solo es angustioso, sino también un mecanismo para generar pánico. Si el propósito de la administración Trump ha sido aterrorizar a la comunidad inmigrante, lo ha logrado”.
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Una nueva estrategia
El patrón observado por los abogados revela una táctica sistemática: el gobierno federal solicitó la desestimación de casos migratorios en plenas audiencias, lo que técnicamente deja a las personas sin estatus legal y, por tanto, sujetas a deportación inmediata, aun sin tener algún antecedente criminal.
“Parece que actúan sin un plan claro, solo quieren inflar las cifras de deportaciones”, señalan abogados.
Esta práctica contradice las promesas iniciales del gobierno de Donald Trump de priorizar la deportación de criminales violentos, pero bajo las nuevas reglas, los casos desestimados se reactivan para procesar a los migrantes bajo criterios más severos.
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“Antes, desestimar un caso era una celebración. Ahora es una trampa”, afirman especialistas en inmigración.
La administración Donald Trump ha expandido agresivamente el uso de la remoción expedita, un mecanismo que permite deportaciones sin audiencia judicial.
Abogados presentes en las cortes de Phoenix, notaron que el gobierno solo buscaba desestimar casos de personas con menos de dos años en el país, una directriz alineada con la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025 que amplía este procedimiento.
Además, el desmantelamiento de programas de parole humanitario, como el que beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ha dejado a miles en limbo, pues muchos de los detenidos en Phoenix ingresaron mediante la aplicación CBP One, ahora reconvertida en CBP Home bajo una lógica de “autodeportación”.
Violentan el derecho a una audiencia justa: cónsul de México
El cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, expresó su preocupación: “Estas acciones disuaden a las personas de ejercer su derecho a una audiencia justa. Hemos reforzado campañas de orientación legal y exhortamos a nadie a acudir solo a sus citas”.
Por su parte, Raquel Terán, activista de Progress Arizona, enfatizó la necesidad de preparación: “Todos tenemos derechos constitucionales. Es vital tener un plan, asistir con acompañantes legales y conocer herramientas como cartas poder”.
El clima de terror ya tiene consecuencias. Familias de estatus migratorio mixto, como la de Lupita —beneficiaria de DACA con hijos ciudadanos—, enfrentan la angustia de una posible separación. “Es un caos total pensar que nos pueden deportar”, compartió en entrevista con Telemundo.
Organizaciones como LUCHA y Progress Arizona han intensificado talleres sobre derechos y planes de emergencia, mientras medios en español lanzan campañas informativas como Proyecto Progreso, Tus Derechos para contrarrestar la desinformación.
Las detenciones en cortes no son un incidente aislado. Abogados reportan tácticas similares en Seattle y Santa Ana, California, sugiriendo una coordinación nacional. Para Shefer, esto refleja un desprecio por los tratados internacionales contra la tortura y persecución: “El gobierno ya no parece importarle si alguien enfrenta peligro al ser deportado a los países de donde huyeron eran perseguidos”.
Mientras ICE se niega a comentar “por seguridad”, la comunidad inmigrante se pregunta cuánto más escalará esta estrategia. Como resume Millán: “El debido proceso se convirtió en una farsa. Ahora, hasta asistir a una audiencia es un riesgo”.
