El DHS propone un “bono de salida” de $3,000 para quienes se autodeporten antes del 31 de diciembre, pero hay demandas por incumplimiento. Foto: Cortesía / DHS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una oferta navideña temporal: un “bono de salida” de $3,000 y un vuelo pagado para migrantes indocumentados que se autodeporten antes del 31 de diciembre.
La secretaria Kristi Noem presentó esto como un gesto generoso del contribuyente estadounidense para acelerar las salidas, sin embargo, esta campaña se lanza bajo la sombra de denuncias por incumplimiento de pagos anteriores del mismo programa.
Migrantes que utilizaron previamente la aplicación CBP Home alegan no haber recibido el bono de $1,000 prometido; una abogada señaló medios nacionales que algunos pagos simplemente “no se materializaron”.
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Además, el programa oficial ofrece condonar las multas por no abandonar el país a quienes usen la app; pero abogados denuncian que las autoridades están usando precisamente esas multas como una “táctica intimidatoria”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reactivado una ley de 1996 para imponer sanciones económicas agresivas que pueden alcanzar $5,000 por detención y $998 diarios, acumulando deudas que, en algunos casos, superan los $1.8 millones.
Un abogado relató a medios nacionales el caso de un cliente que recibió una multa por ese monto millonario, a pesar de no poder salir del país por falta de documentos de viaje.
Paralelamente, el gobierno ha comenzado a demandar judicialmente a algunos migrantes para cobrar estas multas; un aviso legal indica que pueden “evitar el pago si se va de Estados Unidos de forma voluntaria y de inmediato”. Esto hace que para muchos la “opción voluntaria” se perciba bajo coacción financiera.
El costo total de estas políticas para los contribuyentes es sustancial, según análisis del Baker Institute estima que deportar a un millón de personas al año costaría unos $88,000 millones.
La administración Trump ha solicitado al Congreso $175,000 millones para expandir la detención y el personal de ICE en cuatro años; esto contrasta con el bono único de $3,000, e ilustra la enorme escala de la inversión en control migratorio.
Además de la sanción diaria de US$998, también recientemente se incorporó una tarifa de aprehensión a indocumentados que sean detenidos entre puertos de entrada.
La normativa se aplica a todos los migrantes mayores de 14 años y tiene un monto inicial de US$5000, que luego se actualizará anualmente por inflación. Esta sanción está dispuesta en la sección 1815 del Título 8 del Código de Estados Unidos.
Personas vulnerables pueden caer en la ‘trampa’
Frente a este escenario, la abogada de inmigración Ayensa Millán de Cima Law Group criticó la multa de aprehensión de $5,000 que también se aplica; según su opinión, proporcionada en la información del usuario
“Esto atrapa financieramente a personas vulnerables sin el debido proceso” y añadió que, al aplicarse antes de la vista con un juez, “socava protecciones legales fundamentales” y crea dificultades indebidas.
Millán también argumentó, en la misma declaración, que las políticas son miopes económicamente:
“Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía y base tributaria de Estados Unidos, y removerlos o gravarlos financieramente puede causar escasez importante de mano de obra en industrias clave”.
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Así, la política migratoria actual navega entre dos aguas: por un lado, incentivos monetarios para una salida supuestamente voluntaria y, por otro, un régimen de multas y demandas millonarias que ejerce presión coercitiva.
Para los migrantes, el dilema es profundo: aceptar una promesa de ayuda bajo sospecha de incumplimiento, o arriesgarse a una deuda impagable y una deportación forzada, mientras el debate sobre el costo humano y económico continúa.
