El fallo de la Corte Suprema representa un revés en la amplia agenda migratoria que la administración Trump ha promovido durante su primer año de gobierno. CORTESIA: National Guard / Facebook
La decisión llega luego que la Corte Suprema bloqueara su uso en las calles
El presidente Donald Trump anunció que retirará a los soldados de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, un movimiento que llega días después de que la Corte Suprema bloqueara su despliegue en Illinois.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el crimen se redujo gracias a “estos grandes patriotas”, pero sugirió que las fuerzas federales podrían regresar “en una forma mucho diferente y más fuerte”.
La decisión marca un giro táctico tras una serie de derrotas judiciales que cuestionan el uso de tropas para aplicaciones de la ley migratoria.
El anuncio presidencial es una respuesta directa al fallo del 23 de diciembre, donde el máximo tribunal rechazó la solicitud de Trump de desplegar la Guardia en el área de Chicago.
La Corte, en una orden no firmada, determinó que el gobierno “no ha identificado una fuente de autoridad” que permita usar al ejército para ejecutar las leyes en Illinois.
Esta interpretación restringe significativamente el estatuto legal que invocó la administración, el cual permite federalizar la Guardia cuando el presidente no puede con “las fuerzas regulares” hacer cumplir la ley.
El caso de Chicago no fue aislado, sino parte de una estrategia más amplia en ciudades con liderazgo demócrata.
En Los Ángeles, un juez federal ordenó el fin del despliegue, calificando la misión de “profundamente antiestadounidense”, donde el juez Charles Breyer rechazó el argumento de que las protestas justificaban el uso continuo de tropas, señalando que la policía local había manejado la situación con capacidad.
En Portland, otro juez federal dictaminó que Trump “no tenía una base legal” para federalizar la Guardia, ya que las protestas habían sido predominantemente pacíficas.
La decisión de la Corte Suprema no fue unánime; los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch disentieron.
Alito argumentó que la protección de oficiales federales de “ataques potencialmente letales” no debería ser obstaculizada, pero al mismo tiempo, analistas legales señalan que el fallo no cierra otras opciones para Trump, quien aún podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar fuerzas militares regulares, una opción que sus asesores han considerado.
Los gobernadores y alcaldes demócratas celebraron las decisiones judiciales y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, calificó el fallo de la Corte Suprema como “una gran victoria”, mientras que el fiscal general de California, Rob Bonta, acusó a Trump de usar a los soldados como “peones políticos”.
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Estas batallas legales ocurren dentro del contexto de la agresiva agenda migratoria de la administración Trump, que según el Departamento de Seguridad Nacional ha resultado en la salida de más de 2.5 millones de migrantes indocumentados del país.
La retirada de la Guardia Nacional representa una pausa forzada por los tribunales, no un abandono de la estrategia.
Trump ha dejado claro que la posibilidad de un despliegue futuro, quizás bajo una autoridad legal diferente, sigue sobre la mesa y el episodio subraya la tensión histórica entre el poder ejecutivo y los límites al uso de fuerzas militares en asuntos domésticos, un debate que seguramente continuará mientras la administración impulse su política de aplicación de leyes migratorias.
