Un duro debate se registró entre los Tom Horne y la tesorera estatal Kimberly Yee, que busca ahora la Superintendencia de Instrucción Pública de Arizona. CORTESIA: Magnific IA
Nueva auditoría revela más gastos sin ninguna revisión de la Superintendencia
La contienda por la superintendencia de instrucción pública de Arizona estalló con un intercambio de golpes políticos en el debate entre el titular Tom Horne y la actual tesorera estatal Kimberly Yee.
Pero el verdadero terremoto político lo provocó la Auditora General Lindsey Perry al revelar que el Departamento de Educación no ha implementado controles antifraude, aprueba automáticamente gastos no permitidos y carece de un sistema de auditoría basado en riesgos para fiscalizar los más de mil millones de dólares anuales que los padres gastan a través del programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés).
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La auditoría, divulgada apenas dos días antes del debate, descubrió que entre diciembre de 2024 y enero de 2026 el Departamento de Educación procesó automáticamente casi 2.3 millones de transacciones por debajo de dos mil dólares, por un valor de más de 654 millones de dólares, sin que mediara una revisión de riesgos.
En 14 de los 15 casos de gastos no permitidos que los propios auditores internos detectaron, entre ellos un generador de 1,099 dólares, maceteros de 1,666 y equipos de gimnasia de 1,400, los gerentes no actuaron para recuperar el dinero.
El director ejecutivo del programa, John Ward, admitió que cumplir con la ley de auditoría de 2024 “no era una prioridad” y justificó la inacción señalando que la planta de personal apenas ha crecido desde que el programa atendía a once mil alumnos, pese a que hoy supera los cien mil.
“El informe de la Auditora General derriba por completo el mito del malgasto en el programa ESA”, declaró Horne en un comunicado, al afirmar que el dinero potencialmente en riesgo asciende a apenas el 0.0086 por ciento de un presupuesto de mil millones de dólares.
La Auditora General replicó que las carencias detectadas “indican que los controles internos del programa no están diseñados ni funcionan según lo previsto”, y que el departamento ni siquiera ha documentado los procedimientos que sus empleados deben seguir para auditar las compras.
Con ese telón de fondo, Yee acusó a Horne de encabezar un departamento sumido en el “caos completo” y prometió que, de ser elegida, actualizará el contrato con la plataforma ClassWallet o buscará un nuevo proveedor que emplee inteligencia artificial para que “quede claramente definido qué es educativo y qué no, y haya una rendición de cuentas clara”.
Horne contraatacó dirigiendo a los votantes al sitio therealkimyee.com, donde acusa a su rival de haber formado parte del comité de diversidad, equidad e inclusión de la Asociación Nacional de Tesoreros Estatales, membrete del que Yee figuró desde 2022 hasta marzo de 2026.
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Pese a la dureza del intercambio, ambos republicanos coincidieron en que las escuelas privadas que reciben dinero público no deben rendir cuentas bajo los mismos estándares que las públicas, en que el aprendizaje socioemocional y las políticas de DEI no tienen cabida en las aulas, y en que la enseñanza para quienes están aprendiendo inglés debe ser de inmersión total.
También respaldaron la renovación de la Proposición 123, una fuente de financiamiento de 300 millones de dólares anuales para las escuelas públicas que expiró en 2025 y que la Legislatura se ha negado a someter nuevamente a votación popular.
