El proyecto de creación de un fondo para los detenidos durante el asalto al capitolio, defendido por el fiscal general interino Todd Blanche, ha provocado un rechazo. Foto: Cortesía /
La jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, emitió una orden de restricción temporal que bloquea al gobierno del presidente Donald Trump la creación y el desembolso de un controvertido fondo de 1,776 millone de dólares destinado a compensar a personas que aleguen haber sido víctimas de la “instrumentalización” y “persecución política” del gobierno.
La decisión, solicitada por un ex fiscal del Departamento de Justicia y otros demandantes, impide cualquier pago hasta que se resuelva el litigio.
La magistrada, designada durante el gobierno de Bill Clinton, fijó una audiencia para el 12 de junio y advirtió que la medida busca evitar que los recursos se “desembolsen de manera irreversible” antes de que las cortes analicen su legalidad. La demanda de los ex funcionarios y ciudadanos argumenta que el fondo representa un uso inconstitucional e ilegal de dinero público, diseñado para favorecer a aliados políticos del mandatario.
El proyecto, defendido por el fiscal general interino Todd Blanche, ha provocado un rechazo inusualmente intenso en el Capitolio y legisladores de ambos partidos lo calificaron como un “fondo discrecional” para indemnizar a simpatizantes de Trump, incluidos los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
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Demócratas amenazaron con gravar al 100 por ciento cualquier pago, mientras que senadores republicanos también expresaron su malestar en privado.
El senador republicano por Texas, Ted Cruz, relató que varios de sus colegas gritaron a Blanche durante una reunión a puerta cerrada la semana pasada, al considerar la iniciativa “una idea estúpida” y políticamente costosa para el partido de cara a las elecciones intermedias.
Blanche, quien fuera abogado personal de Trump en sus casos penales, no descartó que se pudiera compensar a los implicados en la revuelta del Capitolio.
Según el abogado del Departamento de Justicia, Andrew Block, hasta el jueves no se había transferido dinero alguno al fondo ni se habían pagado reclamaciones.
El gobierno ofreció un aviso de 24 horas antes de cualquier transferencia, pero los demandantes consideraron ese plazo insuficiente para solicitar una orden judicial que la impidiera, la jueza coincidió y actuó de inmediato.
De acuerdo con los términos que el Ejecutivo anunció para finiquitar demandas previas de Trump contra el gobierno, Blanche tiene hasta el 17 de junio para nombrar a los cinco miembros de un panel que fijaría las directrices de pago, y hasta el 17 de julio para instruir al Tesoro la creación del fondo por mil 776 millones de dólares.
Nina Olson, ex defensora del contribuyente de 2001 a 2019 y directora del Centro para los Derechos del Contribuyente, respaldó el bloqueo judicial.
“Existen demasiadas preguntas e inquietudes sobre la legalidad de la creación y operación de este fondo”, afirmó Olson.
“Es apropiado que la jueza emita una orden de restricción temporal mientras se resuelve el proceso, para evitar transferencias y desembolsos que no se puedan revertir”, agregó.
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Además del litigio ante la jueza Brinkema, existen al menos otras tres demandas que buscan frenar el funcionamiento del fondo, al que críticos han denominado “fondo para la impunidad”.
La Casa Blanca remitió las consultas al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
