La demanda es contra las empresas CSI Aviation y GlobalX, la aerolínea de Florida que habría operado parte de los vuelos de forma recurrente en la maquinaria de deportaciones. CORTESIA: Magnific
El litigio es por parte de los deportados a la prisión de CECOT, en El Salvador
Un grupo de ciudadanos venezolanos presentó una demanda federal en Washington contra las empresas CSI Aviation y GlobalX, a las que acusan de violaciones a derechos civiles, falsa detención, negligencia y complicidad en tortura por haberlos transportado en marzo de 2025 a la prisión CECOT, en El Salvador, bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El litigio, que apunta al corazón de la cadena contractual de las deportaciones, sostiene que los vuelos siguieron adelante incluso después de que un juez federal ordenara que las aeronaves regresaran, según reportes de la agencia Associated Press y The Washington Post.
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De acuerdo con la demanda, más de 230 venezolanos fueron enviados a El Salvador con una rapidez inusual y en medio de una fuerte controversia por el supuesto desacato a la orden del juez James Boasberg, quien había instruido detener los traslados. L
os demandantes alegan que las compañías sabían o debían saber que estaban participando en una operación legalmente cuestionable y que los expusieron a un centro penitenciario conocido por denuncias de tortura y abusos.
Hasta ahora, ninguna de las empresas ha admitido responsabilidad.
CSI Aviation, fundada en 1979 por el coronel retirado de la Infantería de Marina y ex presidente del Partido Republicano de Nuevo México, Allen Weh, es el contratista principal que administra los vuelos de ICE Air.
La empresa, con bases en Albuquerque y West Palm Beach, no opera directamente las aeronaves, sino que subcontrata a compañías como GlobalX para ejecutar los traslados.
Según reportes a la prensa, Weh y su familia han realizado donaciones a causas republicanas, incluido Donald Trump y CSI ha estado asociada a contratos y cabildeo federal durante varios años, aunque esos antecedentes no prueban irregularidad por sí mismos.
GlobalX, la aerolínea de Florida que habría operado parte de los vuelos, ha sido una pieza recurrente en la maquinaria de deportaciones.
The Guardian reportó que al menos una de sus aeronaves, identificada con el número de cola N837VA, fue utilizada tanto en vuelos de expulsión del gobierno de Trump como en viajes durante el Mundial de 2026, lo que amplificó el escrutinio público sobre la empresa.
Numerosos deportados han descrito ante organizaciones de derechos humanos haber viajado encadenados, sin saber con claridad su destino y bajo condiciones que califican de abusivas, pero la compañía no ha respondido a solicitudes de comentario en esas coberturas.
El caso no solo busca responsabilizar a los transportistas, sino también exponer la cadena contractual detrás de las expulsiones.
CSI figura como el intermediario entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las aerolíneas operadoras, mientras que GlobalX aparece de manera constante como la empresa que físicamente realiza los trayectos; en términos prácticos, CSI organiza y GlobalX vuela.
En el fondo, el litigio intenta probar que las compañías participaron en una operación que violó la ley y los derechos humanos, al enviar a los demandantes a una prisión señalada por maltratos.
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Mientras el proceso judicial avanza, la demanda abre un nuevo frente en el debate sobre la externalización de las deportaciones y la responsabilidad de los contratistas privados en el cumplimiento de las órdenes judiciales y las normas internacionales de derechos humanos.
En el fondo, el litigio intenta probar que las compañías participaron en una operación que violó la ley y los derechos humanos, al enviar a los demandantes a una prisión señalada por maltratos.
Mientras el proceso judicial avanza, la demanda abre un nuevo frente en el debate sobre la externalización de las deportaciones y la responsabilidad de los contratistas privados en el cumplimiento de las órdenes judiciales y las normas internacionales.
