Congresistas de Arizona comprueban que continúan las condiciones de hacinamiento en las instalaciones de ICE en el aeropuerto de Mesa. Foto: Magnific
La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enclavada en el Aeropuerto Mesa-Gateway, conocida como Centro de Coordinación de Operaciones de Remoción de Arizona (AROCC), volvió a quedar en el ojo del huracán la semana pasada, después de que los representantes demócratas Greg Stanton y Yassamin Ansari realizaran su segunda visita de supervisión sin previo aviso y documentaran condiciones que, lejos de haber mejorado, se han enquistado hasta convertir el lugar en lo que ellos mismos califican como un problema de salud pública.
La inspección más reciente de una serie de rondas sorpresa que comenzaron en febrero, confirmó lo que los legisladores llevan meses denunciando: celdas que exceden su capacidad, inodoros que se desbordan de forma habitual, ausencia total de atención médica y detenidos que subsisten a base de sándwiches fríos mientras aguardan, hacinados sobre pisos de concreto, un vuelo de deportación que tarda días en llegar.
La historia del AROCC es la de una infraestructura diseñada para un propósito y desbordada por otro, concebido en 2010 como un espacio de tránsito rápido con capacidad para 157 personas y una estancia máxima de doce horas, el centro ha operado durante todo 2026 muy por encima de esos límites.
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Los registros oficiales muestran picos de hasta 777 detenidos en un solo día y una estancia promedio que se ha triplicado de doce a treinta y seis horas en comparación con 2025.
La ironía más amarga fue revelada por la propia prensa al documentar que, cuando los congresistas programaron su primera visita con una semana de antelación, el ICE vació parcialmente las instalaciones para aparentar normalidad; tan pronto como se marcharon, las cifras se dispararon de nuevo.
Una semana después de aquella inspección, agentes federales rociaron gas pimienta a 47 detenidos en una celda minúscula, y uno de ellos sufrió una convulsión que obligó a llamar al 911.
El pasado de mayo, Stanton y Ansari regresaron de noche y sin previo aviso y aunque la población del centro era inferior a la de abril, cuando Ansari había descrito a los internos como “sardinas enlatadas”, las carencias estructurales permanecían intactas.
“Esta vez creo que la única diferencia es que estaban moviendo el umbral y el estándar para que cada celda no se considerara hacinada; por lo demás, siguen en celdas de concreto, bebiendo agua del grifo y sin un lugar donde dormir”, declaró la congresista Ansari.
Los dos legisladores centraron sus pesquisas en el estado de los sanitarios, a raíz de un reportaje del Phoenix New Times que relató el calvario de un detenido brasileño que durmió sobre un suelo manchado de heces durante los diez días que permaneció en el AROCC.
Lo que descubrieron confirmó los peores temores: “Hay un solo inodoro en una celda con veintiún hombres que se desborda de forma habitual, y eso es perturbador y claramente un problema de salud”, denunció Ansari.
El personal del ICE reconoció que intenta reubicar a los internos cuando el fallo se repite, pero admitió que no siempre es posible debido al volumen de personas que alberga la instalación cada jornada.
La ausencia de atención médica agrava el cuadro, pues no hay personal sanitario en el lugar, y los propios agentes confirmaron que los servicios de emergencia habían acudido al menos una vez en la semana previa a la visita…
Además, la alimentación consiste invariablemente en sándwiches fríos para cada comida, sin que los funcionarios pudieran precisar cómo atienden las restricciones dietéticas por motivos de salud o creencias religiosas de los detenidos.
“Lo único que mencionaron de forma proactiva es que no usan carne de cerdo”, relató Ansari.
La combinación de hacinamiento, falta de higiene y carencia de cuidados médicos convierte la instalación, en palabras de ambos congresistas, en “un auténtico problema de salud pública”.
Las restricciones impuestas por el ICE durante la visita añadieron frustración a la constatación de los hechos. A diferencia de lo ocurrido en abril, esta vez los agentes prohibieron tajantemente cualquier interacción con los detenidos.
Uno de ellos alcanzó a gritar que necesitaba medicación, pero ni Stanton ni Ansari pudieron acercarse a comprobarlo.
La concejal de Mesa Jenn Duff, que se presentó en las puertas del AROCC para acompañarlos, fue vetada con el argumento de que el personal del Congreso solo puede acceder con un preaviso de veinticuatro horas.
“Es lamentable, porque la ciudad gestiona el aeropuerto, así que un miembro del concejo que supervisa a los contribuyentes que financian este aeropuerto debería poder entrar”, declaró Stanton.
El patrón de ocultación y opacidad se ha repetido con cada visita; en febrero, cuando los demócratas realizaron su primera inspección programada, el ICE había reubicado a decenas de internos para que las cifras parecieran razonables y el espejismo duró lo que tardaron los legisladores en salir por la puerta.
La semana pasada, aun sin alcanzar los niveles de saturación de abril, las celdas seguían excediendo su capacidad, pero el personal había modificado sobre la marcha los umbrales para que ninguna se considerara oficialmente superpoblada.
La ciudad de Mesa, por su parte, carece de herramientas para intervenir y aunque los bomberos han acudido en respuesta a emergencias y han emitido recomendaciones de seguridad, la Cláusula de Supremacía constitucional impide que los gobiernos locales fiscalicen las instalaciones federales.
La respuesta legislativa no se ha hecho esperar: Stanton, Ansari y también cAdelita Grijalva presentaron el pasado 28 de abril la Ley de Restauración de Normas para Centros de Detención de Corta Duración, que restablecería el límite federal de doce horas para las estancias en instalaciones temporales como el AROCC, salvo emergencias médicas o retrasos en el transporte.
El proyecto también obligaría al Departamento de Seguridad Nacional a documentar las condiciones y remitir esos informes al Congreso.
Grijalva, que visitó el centro en abril y lo describió como “un lugar diminuto donde era imposible que seiscientas personas pudieran respirar”, ha llevado la denuncia a la televisión nacional, donde expuso las condiciones “inhumanas y peligrosas” de la instalación.
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Stanton ha sido categórico respecto al próximo ciclo presupuestario: “Tenemos una votación importante sobre el ICE y ciertamente no pienso apoyar ningún aumento de presupuesto para la agencia. La instalación se construyó para doce horas, y la gente se queda allí tres días o más de forma habitual; ese problema fundamental no se ha solucionado en absoluto”.
Mientras el proyecto de ley aguarda su turno en un Congreso controlado por los republicanos, los legisladores demócratas han prometido más visitas sin previo aviso.
