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Congresistas condenan los $70 mil millones más para ICE y CBP

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“Sobra dinero para deportaciones, pero no para necesidades de la gente”, dice congresista Adelita Grijalva tras la aprobación de fondos para ICE y CBP. Foto: Cortesía / Foto: ICE.gov

La representante federal por Arizona, Adelita S. Grijalva, denunció que el Congreso “siempre parece tener dinero para la agenda de deportación masiva de Trump, pero nunca lo suficiente para las necesidades de la gente trabajadora”, luego de que la mayoría republicana en la Cámara aprobara un paquete de casi 70 mil millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (CBP). 

La legislación, aprobada por 214 votos contra 212 y sin apoyo demócrata, eleva a más de 240 mil millones de dólares los fondos extraordinarios asignados a ambas agencias desde el verano pasado, muy por encima de sus presupuestos anuales habituales.

“El miedo y el caos que estamos viendo en nuestros vecindarios, la separación de familias y el secuestro y expulsión de beneficiarios de DACA y de otras personas que están legalmente presentes en este país son el resultado directo de que los republicanos sigan vertiendo miles de millones en esta agencia sin ley”, declaró Grijalva en un comunicado difundido al término de la votación. 

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La congresista por el sur de Arizona añadió que el proyecto “no hace nada para impedir que Trump use su fondo discrecional de 1,800 millones de dólares para hacer pagos a los insurrectos del 6 de enero”.

La votación se produjo después de que la propia Grijalva presentara dos enmiendas que fueron rechazadas por la mayoría republicana. 

La primera buscaba impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizara dinero de los contribuyentes para violar las protecciones establecidas en el Acuerdo de Flores, que desde 1997 fija estándares mínimos para la custodia de menores migrantes, incluido un límite de 20 días de detención. 

Informes recientes de organizaciones de derechos civiles y del propio inspector general del DHS han documentado violaciones sistemáticas de esas disposiciones. 

La segunda enmienda condicionaba la entrega de los nuevos fondos a que el DHS informara al Congreso sobre las medidas adoptadas frente a las acusaciones de conducta sexual indebida que involucran a personal de ICE y CBP, en un contexto de denuncias de abuso sexual generalizado dentro de esas agencias.

“Estas enmiendas trataban de proteger a los niños y de abordar las perturbadoras acusaciones de abuso sexual dentro de ICE y CBP. El hecho de que los republicanos las rechazaran mientras aprobaban sin control miles de millones más para la máquina de deportación masiva de Trump lo dice todo sobre sus prioridades”, afirmó Grijalva.

El nuevo financiamiento, que se suma a los más de 170 mil millones de dólares que los republicanos ya habían asignado a ICE y CBP en la Ley “One Big Beautiful Bill” del verano pasado, fue aprobado mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite eludir el umbral de 60 votos en el Senado y avanzar con mayoría simple. 

La maniobra permitió a los republicanos ignorar las exigencias demócratas de incluir reformas a las tácticas de aplicación de la ley migratoria, que cobraron fuerza después de que agentes de ICE mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero. Con esta inyección, los presupuestos combinados de ICE y CBP, que en un año fiscal ordinario rondan los 28 mil millones de dólares, quedan blindados hasta 2029, más allá del mandato de Trump.

La aprobación del paquete culmina cuatro meses de tensas negociaciones que incluyeron la destitución en marzo de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la llegada al cargo de Markwayne Mullin. 

Durante su comparecencia ante el Congreso, Mullin se negó a comprometerse a acatar órdenes judiciales y desestimó las denuncias sobre condiciones inhumanas en los centros de detención, semanas después de haber clausurado la oficina independiente encargada de investigar abusos en esas instalaciones. 

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Para Grijalva, el resultado de la votación del martes confirma que los republicanos “están decididos a seguir financiando un aparato que siembra el terror en nuestras comunidades mientras bloquean cualquier intento de supervisión”. 

La legislación pasará ahora al escritorio presidencial para su promulgación inmediata. 

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