La corporación de prisiones privadas GEO Group y la operadora de parques de casas móviles BoaVida Communities, entre las donantes aun PAC que está financiando la candidatura a la Fiscalía Genera de Arizona, de Warren Petersen, actual presidente del Senado de Arizona. CORTESIA: Warren Petersen for Attorney General / Facebook
BoaVida y GEO Group, entre las corporaciones que respaldan al aspirante a Fiscal
El comité de gasto independiente Restore Order Arizona PAC ha inyectado más de medio millón de dólares en la primaria republicana para la Fiscalía General de Arizona, con el objetivo de impulsar la candidatura del presidente del Senado estatal, Warren Petersen.
Los registros de financiamiento de campaña, divulgados recientemente por la Secretaría de Estado, revelan que los dos mayores donantes del comité son empresas que enfrentan litigios o escrutinio regulatorio: la corporación de prisiones privadas GEO Group y la operadora de parques de casas móviles BoaVida Communities.
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La revelación desató una tormenta de señalamientos sobre una posible compra de influencia en la antesala de los comicios del 21 de julio.
De acuerdo con los reportes financieros citados por investigaciones periodísticas, el PAC ha gastado 500,000 dólares en anuncios que promueven a Petersen y atacan a su rival republicano, Rodney Glassman.
BoaVida Group figura como el principal contribuyente, con una aportación de 100,000 dólares, mientras que GEO Group destinó 35,000 dólares al comité.
La presencia de estas empresas, ambas con intereses directos en las decisiones del despacho del fiscal general, encendió las alarmas en la campaña de la titular demócrata Kris Mayes, quien busca la reelección en noviembre y sostiene que sus adversarios corporativos están financiando a quien podría frenar las investigaciones en su contra.
“Si sigues el dinero, el motivo es obvio”, declaró DJ Quinlan, asesor de la campaña de Mayes.
“BoaVida, la compañía que la fiscal general Mayes está demandando por dejar a familias de Arizona en condiciones peligrosas y sofocantes, acaba de convertirse en el mayor financiador del republicano Warren Petersen. GEO Group, que tiene un contrato federal de detención de mil millones de dólares, está justo detrás. Esta carrera primaria está empatada, y los patrocinadores corporativos de Petersen están gastando desesperadamente para instalar a un fiscal general que no los haga rendir cuentas. Los arizonenses deberían preguntarse qué esperan estas empresas a cambio”.
El perfil de los donantes abona la controversia. GEO Group opera centros de detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ha sido objeto de demandas federales por las condiciones inhumanas en sus instalaciones, incluida una reciente en Nueva Jersey.
BoaVida Communities, por su parte, es propietaria de varios parques de casas móviles en Arizona y enfrenta litigios de la oficina de Mayes por fallas en sistemas eléctricos y de aire acondicionado que, según la fiscalía, ponen en riesgo la vida de los residentes durante los meses de calor extremo.
Ambas empresas canalizaron sus contribuciones a través del PAC que promueve a Petersen, en lugar de donar directamente a su campaña, lo que dificulta rastrear la intención del gasto.
La contienda interna republicana se ha tornado especialmente reñida. De acuerdo con los informes más recientes, Glassman cuenta con una ventaja de efectivo de 4 millones de dólares frente a los 1.52 millones de Petersen, lo que ha obligado al bando de este último a buscar apoyo externo para equilibrar la balanza.
Restore Order Arizona PAC ha saturado las ondas de radio y las plataformas digitales con mensajes que pintan a Glassman como un oportunista sin principios, mientras exaltan a Petersen como un defensor de la ley y el orden.
Petersen no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las contribuciones, pero sus partidarios argumentan que el respaldo de fiscales y organizaciones policiales legitima su candidatura.
El gasto independiente no es nuevo en las campañas de Arizona, pero la escala y la naturaleza de los donantes en esta primaria reviven el debate sobre la influencia del dinero corporativo en las elecciones judiciales.
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La profesora de derecho electoral de la Universidad Estatal de Arizona, Laura Gutiérrez, explicó que “el modelo de los PACs permite a las empresas eludir los límites de contribución directa y, al mismo tiempo, evita que los candidatos tengan que rendir cuentas por el contenido de los anuncios. Es una forma de dinero negro que, aunque legal, plantea serias dudas sobre la independencia del funcionario electo”.
El patrón se repite en otras contiendas estatales, particularmente en las que están en juego puestos con poder regulatorio sobre industrias como la energética, la farmacéutica y la de detención migratoria.
En el caso de la fiscalía, el precedente es delicado: el ganador de la elección tendrá la facultad de decidir si continúa, modifica o archiva las demandas contra GEO y BoaVida.
Para los críticos, la sola apariencia de conflicto es suficiente para cuestionar la legitimidad del proceso y para los beneficiarios de los anuncios, se trata de un ejercicio legítimo de libertad de expresión amparado por la primera enmienda.
Los votantes republicanos acudirán a las urnas el 21 de julio con un menú de candidatos que, más allá de sus méritos personales, ya están envueltos en la misma polémica que envuelve a la política nacional: la percepción de que los intereses privados dictan la agenda pública.
Mientras tanto, la fiscal Mayes se prepara para una elección general en la que, de confirmarse la candidatura de Petersen, el debate sobre quién financia la ley y el orden ocupará el centro del ring.
La pregunta que flota en el Capitolio estatal es si los votantes recompensarán a quien recibe el dinero o a quien lo denuncia.
